Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- César Leonardo Manzano Morales, originario del municipio de San Juan Atepec, perteneciente a la región de la Sierra Norte, denunció que fue desterrado y despojado de sus pertenencias por las autoridades agrarias y municipales sin justificación alguna, por lo que actualmente lleva un proceso penal en contra de estas.
Refirió que, todo inició años atrás cuando fue privado de sus derechos agrarios, reclamando que fueran reconocidos ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito 21 con sede en la ciudad de Oaxaca, el cual resolvió a su favor, condenando al Comisariado de Bienes Comunales a restituirle sus derechos.
Sin embargo, dijo que esto duró poco, porque en 2017, de nueva cuenta el comisariado lo ignoró en el beneficio del reparto de utilidades económicas provenientes de la empresa comunitaria dedicada a la venta de productos forestales, así como de su derecho hacer ocupado como trabajador de la misma.
Por ello, interpuso una demanda ente la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde el comisariado exhibió un documento falso, de este acto se integró una carpeta de investigación en la Agencia Ministerial del distrito de Ixtlán de Juárez, ya que logró demostrar que el documento era falso y se pretendió engañar a la autoridad, librándose una orden de aprehensión en contra de las autoridades.
Hecho que enardeció al Comisariado, quienes convocaron a una asamblea de fecha 17 de septiembre de 2017, tomando la decisión de ir y destruir su casa, en ese momento se encontraba el padre de la victima de 86 años de edad y su esposa, “porque dicen que no hay ninguna ley jurídica que esté por encima de las leyes de usos y costumbres”, refirió César Leonardo Manzano Morales.
Agregó que, acudió a todas las instancias posibles con la finalidad de llegar a una conciliación con el comisariado y autoridades municipales, pero no se llegó a nada, “no he cometido ningún delito que merezca la pena de lo que me hicieron, no es posible de que me priven de mis derechos consagrados en la constitución, tanto de comunero como de ciudadano”.
El proceso penal que enfrentan actualmente las autoridades agrarias y municipales es por allanamiento de morada, robo con violencia, amenazas, hostigamiento y tortura, la reparación del daño moral, psicológico y material, asciende a dos millones de pesos, por ello, pide a las autoridades encargadas de procurar justicia aceleren el proceso, ya que quiere regresar a su comunidad donde fue desterrado, ya que ahí se encuentra su patrimonio, aunque se sienta inseguro para vivir.
