Jaime GUERRERO
El pasado 5 de junio, un grupo armado de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe disparó con armas de grueso calibre contra un grupo de comuneras y comuneros desarmados de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe cuando estos últimos se retiraban del lugar en el que agentes y perito de la Agencia Estatal de Investigación habían acudido a realizar un peritaje sobre el despojo de tierras y viviendas que denunciaron habitantes de Ayutla.
Estos tres elementos habían solicitado que las personas afectadas los acompañaran para hacer la inspección judicial correspondiente. De este ataque resultaron 6 personas heridas, entre ellas una mujer de la tercera edad, Luis Juan Guadalupe perdió la vida por impacto de arma de fuego y fueron secuestradas 4 mujeres rescatadas un día después.
Sin embargo, un nuevo calvario comenzó cuando las principales víctimas de estos delitos comenzaron el proceso para exigir justicia. Las autoridades no han realizado el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos, proceso que es necesario e indispensable, afirman pobladores.
A 10 días de la agresión, evidencias como restos de sangre o casquillos de bala entre otros no han sido recogidos.
Por el contrario, las personas heridas fueron hostigadas por Policarpo Fernando Acevedo Ramírez de la fiscalía de San Pedro y San Pablo Ayutla. Acusaron pobladores que el fiscal acudió la misma noche del día 5 de junio al área de urgencias del Hospital del ISSSTE en la Ciudad de Oaxaca, en donde estaba siendo atendida una de las personas heridas con arma de fuego, Alberta García Natividad, de 68 años de edad, monolingüe en mixe.
Ahí, el fiscal con total arbitrariedad y sin respetar el derecho a intérprete de la señora Alberta, le puso algodón entre los dedos para hacerle la prueba de rodizonato de sodio, prueba aplicada para determinar residuos de pólvora.
Reprocharon pobladores, que con esa acción pretendía responsabilizarla de haber disparado un arma de fuego, en lugar de tomar como premisa que las personas atacadas estaban desarmadas. Este comportamiento doloso de parte del fiscal evidencia el intento de criminalizar a las víctimas en lugar de proporcionarles justicia pronta y expedita como es su responsabilidad.
En tanto, refirieron que al acudir a la Fiscalía General de Tlacolula para darle seguimiento al caso de los heridos y de la persona asesinada; sin embargo, cuando la esposa Luis Juan Guadalupe acudió a las oficinas de esta fiscalía, el fiscal encargado de iniciar las carpetas de investigación es el mismo Acevedo Ramírez quién hostigó a la viuda de manera prepotente.
Las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe han solicitado que se designe a un fiscal imparcial para llevar el caso de las personas afectadas.
“Sorprende el dolo con el que se está llevando este caso toda vez que, por un lado, las autoridades no han levantado evidencias en el lugar de los ataques, no detuvieron a los responsables del secuestro de 4 comuneras cuando fueron rescatadas y no se han girado las órdenes de aprensión correspondientes por las denuncias de despojo ni por el asesinato de Luis Juan Guadalupe, por los heridos por armas de fuego”, reprocharon pobladores.
Por otro lado, víctimas como García han sido criminalizadas, les han aplicado pruebas sin su consentimiento y sin la presencia de un intérprete, se ha asignado a un fiscal que actúa con dolo y prepotencia aun cuando se había solicitado que dejara el caso.
Por lo pronto, denunciaron también que desde el día del ataque, 5 de junio, la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla no tiene agua y dado el conflicto, el Comité del Agua no puede acudir al manantial que se encuentra custodiado por gente armada de Tierra Blanca, municipio de Tamazulápam Mixe.
Eso les impide, revisar la infraestructura y averiguar el motivo de la falta de agua en la comunidad. El tránsito es libre en Ayutla, no así en Tamazulápam del Espíritu Santo que mantiene bloqueados los caminos.
