Redacción El Piñero/Corresponsalía
Oaxaca, Oax.- Comuneras y comuneros de las localidades El Rebollero, Rio Minas y paraje Los Arquitos, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, se declararon en “Alerta Máxima” tras la incursión del ejército y policías estatales en sus tierras, responsabilizan al gobierno de Oaxaca por cualquier ataque e intento de despojo que sufran.
Mediante una misiva a medios de comunicación, comuneras y comuneros detallaron que alrededor de las 13:00 horas de ayer vienes seis de diciembre, un convoy conformado por dos camiones del Ejército Mexicano y dos patrullas de policías estatales, hicieron acto de presencia en el polígono de las localidades mencionadas, pertenecientes al núcleo agrario de San Pablo Cuatro Venados.
“Por tanto, nos declaramos en Alerta Máxima, ya que tras haber sufrido un atentado, el pasado mes de mayo, por un grupo armado de más de 500 personas, decidimos mantenernos en nuestras tierras sabiendo que podemos sufrir nuevas agresiones”, señalaron.
En el ataque que se dio destruyeron viviendas, quemaron siembras de maíz y el frijol, robaron animales y una planta generadora de energía, además de destruir paneles solares. “actualmente nos encontramos en reconstrucción sin la ayuda de ninguna institución gubernamental. No pedimos nada al gobierno del estado y al gobierno federal, sólo exigimos que se nos respeten las tierras”.
“Pero también dejamos claro que no tenemos intenciones de permitir que se lleven el agua para la ciudad y mucho menos dar el permiso para la explotación de minerales en nuestras tierras que nos han heredado nuestros abuelos”, abundaron en su misiva.
“Sabemos que hay grandes intereses en nuestra comunidad, ya que es uno de los pocos pueblos que cuenta con agua, la misma que quiere ser utilizada para el sector inmobiliario. Pero también sabemos que es el agua que se quiere utilizar para la explotación minera”, denunciaron.
Por último, dijeron que resistirán e hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a estar atentos a cualquier agresión o intento de desalojo en su contra. “Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat y al gobierno federal de cualquier acto de violencia o intimidación ejercido sobre los miembros de estas localidades”, finalizaron.
