Era un viaje que habían hecho hasta cinco veces en el último año, desde el diagnóstico de un tumor cancerígeno en el cerebro de la hija de 10 años. Pero esta vez el destino final no fue un consultorio médico en un hospital de Houston. La familia —dos padres indocumentados y cinco hijos, cuatro de ellos nacidos en Estados Unidos y, por lo tanto, ciudadanos estadounidenses— acabaron en el costado sur de un puente fronterizo que cruza el río Bravo en Texas, expulsados del país solamente con lo que traían encima.
Ahora, más de un mes después de la deportación exprés, la familia, identificada con el nombre ficticio Hernández García por preocupaciones de seguridad, se encuentra en México con una niña en recuperación de una reciente cirugía cerebral, otro hijo con una condición cardiaca, ambos sin la atención médica adecuada, y un último hijo de 17 años que se quedó en Texas. Las autoridades mexicanas, consultadas por este periódico, aseguraron que no han podido localizar a la familia por el momento.
El caso, que publicó por primera vez la cadena NBC el miércoles, es la evidencia inequívoca de que la crueldad intencional contra los migrantes ha regresado con venganza a Estados Unidos. En el primer mandato de Donald Trump, la separación de familias en la frontera fue uno de los mayores escándalos a los que se enfrentó y el único que lo obligó a dar marcha atrás a sus planes. En el segundo, en apenas unos meses, su administración ha redoblado la apuesta en su búsqueda de llevar a cabo una deportación masiva de millones de inmigrantes.
Las transparentes pistas ya las había pronunciado el actual zar de la frontera, Tom Homan, en una entrevista de hace meses. Cuando le preguntaron cómo solucionarían el problema de deportar miembros de familias de estatus migratorio mixto, en las que algunos miembros son ciudadanos o residentes legales y otros son indocumentados, sin separar padres de hijos, contestó fríamente: “Claro que hay una manera. Las familias pueden ser deportadas juntas”. El caso de los Hernández García es el primero conocido públicamente en el que esto ha sucedido.
De acuerdo al testimonio de la madre, la familia se dirigía desde Río Grande City a Houston a una consulta de emergencia con especialistas para su hija de 10 años, que había sido operada recientemente. Al igual que en ocasiones anteriores, llevaban cartas firmadas por sus médicos y abogados que respaldaban y justificaban el desplazamiento para mostrar en un puesto de control que debían pasar. Siempre había sido suficiente para poder continuar con el viaje.
En esta ocasión no. Aunque no tienen ningún antecedente criminal, cuando los padres no pudieron mostrar documentos migratorios válidos, los agentes ignoraron las cartas y “no estaban interesados” en escuchar la justificación médica. Los arrestaron y trasladaron a todos a un centro de detención migratorio. Allí fueron separados por sexo y tratados “como perros, registrando a los niños de manera innecesariamente invasiva y llamándolos insultos racistas degradantes”, de acuerdo a la versión compartida por Texas Civil Rights Project, la organización de representación legal que ha tomado el caso de la familia de forma gratuita. Además, agrega el relato de la madre, los agentes migratorios hasta intentaron confiscar las medicinas de los menores.
Pero el momento más difícil aún estaba por llegar. Los agentes le presentaron a los padres dos opciones: dejar a los niños en Estados Unidos bajo custodia del Gobierno, por lo que probablemente no los volverían a ver, o aceptar que los niños fueran deportados junto a ellos. Sin un documento o tutela que deje claro quién se hará cargo de los menores, estos entran en el sistema de acogida oficial y, una vez dentro, recuperar la custodia es muy complicado. La difícil decisión estaba clara para la familia.
Fueron trasladados juntos en una furgoneta a la frontera y los dejaron del lado mexicano. Una vez allí, buscaron un albergue donde refugiarse. Ahora, de acuerdo a los reportes, la familia está en una casa, pero los mismos temores de seguridad que han hecho que la familia prefiera no dar su nombre real siguen latentes y han significado que los niños no hayan podido ir a la escuela. El sexto hijo, de 17 años, se ha quedado solo en Texas.
La menor de 10 años todavía presenta inflamación cerebral tras la cirugía, lo que le provoca dificultades para hablar y mover el lado derecho del cuerpo. En este tiempo en México no ha podido acceder al cuidado médico necesario, que incluye terapias de rehabilitación y medicamentos para prevenir convulsiones. Su hermano mayor, de 15 años, padece un trastorno cardíaco que causa latidos irregulares y requiere medicación y tratamiento, que tampoco ha podido tener.
Las autoridades estadounidenses no se han comunicado expresamente sobre el caso. La familia y Texas Civil Rights Project, por su parte, lanzaron esta semana una petición pública para enviar al Congreso y exigir la reunificación de la familia. “Quiero que mis hijos puedan acceder a la atención médica que necesitan, asistir a sus escuelas y vivir sus vidas en el único país que conocen como su hogar. Son ciudadanos estadounidenses, es su derecho. Pero también es su derecho ser criados por sus padres en ese hogar”, dijo la madre en una nota de prensa.
Aparte del amargo recuerdo de las separaciones de familias, el caso de la familia Hernández García también pone de relieve otros puntos controvertidos de la agenda migratoria de Donald Trump. Por un lado, hay cuestionamientos sobre el proceder en la deportación porque no queda claro que esta haya sido ordenada por un juez. Pero además, al deportar a menores que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, el debate sobre este fundamento constitucional que otorga ciudadanía a quienes nacen en territorio de Estados Unidos de manera automática pasa del ámbito legal —donde se encuentra ahora tras numerosas demandas en contra del decreto de Trump que detenía la práctica— al mundo real, en el que las consecuencias se muestran devastadoras.
