Jaime GUERRERO
La diputada Lizbeth Concha Ojeda, del Grupo Plural Independiente, reconoció los avances del gobierno de Oaxaca en materia de infraestructura, pero planteó cuestionamientos sobre la distribución regional de recursos y los procesos de contratación de obra pública.
La legisladora participó en la comparecencia del secretario de Infraestructuras y Comunicaciones, Carlos Vichido Hernández, como parte de la glosa del tercer informe del gobernador Salomón Jara Cruz.
Concha Ojeda señaló que la infraestructura pública es “uno de los principales detonantes del desarrollo económico y social en Oaxaca”, ya que no solo conecta territorios sino que genera empleos, activa economías regionales, reduce desigualdades y define el acceso a servicios básicos.
La diputada reconoció que el gobierno estatal colocó al sector infraestructura como eje estratégico en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, lo que permitió “transitar de una lógica fragmentada de obra pública hacia un enfoque de planeación sectorial, con criterios de bienestar y justicia territorial”.
La legisladora valoró las cifras presentadas: más de 8,700 obras y acciones con inversión superior a 5 mil millones de pesos, ejecutadas a través de distintas dependencias del sector, con impacto directo en caminos rurales, carreteras alimentadoras, vivienda social, agua potable, saneamiento, infraestructura educativa y espacios públicos.
Destacó programas como Caminos Bienestar y Vivienda Bienestar, así como proyectos estratégicos metropolitanos, incluyendo la Estación de Transferencia, la Celda de Emergencia, el Mega Plan de Bacheo, la vialidad del Río Atoyac y el fortalecimiento del sistema BinniBus, que “reflejan una visión que busca ordenar el crecimiento urbano, mejorar la movilidad y fortalecer la capacidad operativa de los servicios públicos”.
Desde una postura de “acompañamiento institucional y exigencia responsable”, la legisladora indicó que el volumen de inversión ejercida obliga al Congreso a vigilar “cómo, dónde y bajo qué reglas se está ejecutando la obra pública”.
“El reto no es solo construir más, sino asegurar que cada peso invertido genere el mayor impacto regional posible, con procesos claros y resultados verificables”, señaló.
Concha Ojeda formuló tres preguntas al titular de Infraestructuras, ¿Cuál fue la distribución porcentual por región de los más de 5 mil millones ejercidos, y qué criterios técnicos se utilizaron para priorizar obras en zonas con mayor rezago social y económico?
¿Qué porcentaje de obra se adjudicó mediante licitación pública, cuántos procesos contaron con participación de empresas locales, y qué mecanismos se aplican para evitar retrasos, sobrecostos y obras inconclusas?
¿Cómo se integran la Estación de Transferencia y la Celda de Emergencia en la red metropolitana, qué capacidad operativa se utiliza actualmente y qué obras complementarias están previstas para garantizar su funcionamiento continuo?
La diputada concluyó que si bien reconocer avances es necesario, “es fundamental asegurar que la infraestructura se traduzca en desarrollo económico, equidad regional y bienestar sostenible”.
