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Diputada de Oaxaca quita programa federal a indígenas para beneficiar a su familia, operadores y hasta un pastor

El Piñero

Por: Roberto Polo Hernández

Oaxaca, México.-– En Jalapa de Díaz  los pobres se miden de acuerdo al lazo familiar y a las complicidades. Y la bitácora de apoyos federales demuestra que para auxiliar a la clase necesitada, se debe privilegiar a los hijos y parientes de políticos encumbrados en perjuicio de quienes representan la angustiante miseria, hoy privados de la justicia social: los indígenas mazatecos.

Para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) los apoyos están destinados a personas con un nivel de vida cuya pobreza se calcula en ranchos, en numeroso ganado y aquellos que llevan una vida alejada de las necesidades primarias, cuando debieran llegar a la población históricamente marginada . Así lo establece la relación de personas que son favorecidas, por ejemplo, con el programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf).

De acuerdo a documentos solicitados a Sagarpa por el gobierno de Arturo García Velázquez, entre los beneficiarios de Pimaf se encuentran familias completas que han gobernado el municipio en administraciones municipales anteriores.

Para Arturo García –quien mostró la documentación ante unos 300 representantes de comunidades y líderes sociales– los programas no están aterrizando a la población vulnerable y que realmente los necesita, pues se están desviando para personas que cuentan con el capital suficiente y cuyo estatus social está alejado totalmente de la pobreza.

Por ejemplo, la familia de la diputada Silvia Flores Peña y sus operadores son parte de ese engranaje que recibe los apoyos y que son negados a la población indígena cuyos cultivos yacen en tierra infértil dada la mayúscula marginación oficial.

Flores Peña –enlista la documentación– tiene como beneficiarios de Pimaf a su hija Montserrat Ramírez Flores, a su hijo Héctor Andrés Ramírez Flores, a su cuñado Rolando Ramírez Salvador, a su tío Andrés Peña Cardozo, a su sobrino Izkiam Axel Flores Carretero y a su yerno Wilberth Toledo Piñón.

Así también como beneficiaria figura la extesorera municipal y asesora financiera de la diputada Silvia Flores, Yahaida López Osorio, así como  su mamá Teodora Osorio Carrera, su hermano Rubiel López Osorio y hasta su esposo Rodolfo Jovani Ferra Flores. Toda la familia.

Igualmente el desvío lo configuran el exsíndico municipal Vicente Flores Junco, el exregidor Antonio Margarito Felipe, el exregidor Juan Manzano Rojas, el exregidor Gregorio García Juan, la exregidora Eugenia José Juárez,  Elide Tejada Juan, operadora política de Silvia Flores, y hasta el pastor evangélico Juan Santiago Moreno. Todos ellos, según SAGARPA, son los pobres e indígenas que deben gozar de los apoyos.

Frente a este escenario de discriminación, nepotismo y presunto tráfico de influencias, el presidente municipal Arturo García Velázquez estableció que esta situación debe investigarse a fondo y que la Sagarpa  explique cuáles son sus criterios para calificar la pobreza de los ciudadanos ya que tan solo en los beneficiarios de Pimaf –descritos líneas arriba– no se observa a quienes engrosan la condenable estadística de pobreza de ese importante municipio del Alto Papaloapan.

En noviembre del 2016, Marco Antonio Ortiz Salas, líder nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), evidenció las prácticas que hoy ejerce la diputada Silvia Flores. Por ejemplo, en entrevista con La Jornada (http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/11/15/pimaf-2/) estableció: “En Chiapas una organización se chingó 120 mil hectáreas de esto; el amigo ése es diputado federal por la CNC (Confederación Nacional Campesina, adherida al PRI), es el que entrega los padrones, tiene las empresas, fue delegado y secretario agropecuario del estado, y sólo entregaron dos machetes y una coa en el Pimaf”.

Así también mencionó que en Guerrero, la Unión Nacional de Productores de la CNC recibió apoyo para 50 mil hectáreas, pero no entregó nada a beneficiarios, por lo que Coduc (de filiación perredista) interpuso demandas contra varios dirigentes, “porque los compañeros firmaron y no les entregaron nada, ni un bulto de fertilizante, ni un machete”.

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