Jaime GUERRERO | El Piñero
El diputado local de morena, César Mateos Benítez, denunció sin dar nombres de las poblaciones que, el titular de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del IEEPCO, Filiberto Chávez Méndez, habría solicitado dinero o “compromisos” para ejecutar obras de infraestructura social en municipios, a cambio de dictámenes para validar o no las elecciones de sus autoridades municipales.
Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura, Mateos Benítez solicitó a las y los integrantes del Congreso local, instruir a la Auditoría Superior a investigar de oficio la posible comisión de faltas administrativas graves por parte del director ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del IEEPCO, quien habría utilizado ese cargo para cometer cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, en relación con las elecciones en municipios indígenas celebradas en 2022.
Mateos Benítez, quien forma parte de la organización Comuna Oaxaca, involucrada en diversos conflictos y disputas de poder municipal que ha dejado muertos, señaló que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla este delito como cohecho, por lo que se debería investigar y establecer la responsabilidad de las ahora autoridades municipales que hubiesen aceptado participar en esos actos de corrupción.
Bajo esa perspectiva, exigió al Consejo General del IEEPCO, para que rectifiquen su decisión de nombrar como titular de esa dirección.
Y es que dijo, ha actuado a beneficio propio y en apoyo a cacicazgos locales y regionales, poniendo en alto riesgo la estabilidad del estado, la tranquilidad y la paz social, y deteriorando el tejido comunitario en los municipios indígenas.
“En el último proceso electoral fue evidente que este funcionario del IEEPCO actuó a favor de sus propios intereses, y con ello benefició a poderes fácticos aun en contra de la voluntad soberana de las asambleas comunitarias”, se quejó.
Esto es una traición a la lógica democrática, es una traición a los pueblos y comunidades indígenas y a su derecho a elegir a sus propias autoridades. Es, por supuesto, una gravísima contravención a la Constitución y al orden jurídico nacional e internacional del que nuestro país forma parte, propaló el integrante de comuna oaxaca.
Recalcó que una vez aprobado el acuerdo, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado tiene la obligación de iniciar procedimiento en los treinta días naturales siguientes.
