Jaime GUERRERO
Con 292 votos a favor y 163 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la cadena de producción, distribución, venta y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos en todo el país.
La iniciativa sanciona —con penas de uno a ocho años de prisión y multas equivalentes a entre 100 y 2 000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)— a quienes participen en la fabricación, importación, exportación, transporte, almacenamiento, comercialización, venta o suministro de estos aparatos con fines de lucro.
La reforma incorpora una definición ampliada de “dispositivos análogos”: incluye aparatos destinados a calentar, vaporizar o atomizar sustancias líquidas, geles, ceras, resinas, sales, aerosoles secos, aceites cerosos u otras formulaciones — con o sin nicotina — susceptibles de ser inhaladas.
También prohíbe dispositivos “desechables” o de un solo uso.
En su redacción original, la reforma contemplaba sanciones amplias incluso contra consumidores o poseedores de vapeadores.
No obstante, por una reserva presentada por Ricardo Monreal Ávila, en conjunto con Pedro Zenteno y Margarita García, se precisó que no habrá sanciones para quienes usen o posean un vapeador para uso personal.
Según Monreal, “el verdadero objetivo no es castigar el consumo personal, sino desmantelar el mercado que produce, distribuye y obtiene ganancias millonarias en detrimento de la salud de los jóvenes”.
La reforma generó un debate intenso de casi nueve horas con más de 70 oradores.
Desde la bancada oficialista, Monreal y Zenteno defendieron la medida como parte de un paquete normativo más amplio para fortalecer la rectoría sanitaria del Estado — incluyendo salud digital, regulación de sustancias y la modernización de los procesos del sistema público de salud.
La reserva que exenta a usuarios de sanción buscó evitar interpretaciones que podrían criminalizar a quienes simplemente consumen o poseen un dispositivo.
Sin embargo, la oposición — integrada por legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y algunos de PT — cuestionó la medida como desproporcionada y advirtió que generará un fuerte mercado negro, posiblemente controlado por crimen organizado.
Entre las críticas más duras, se señaló que penalizar la venta de vapeadores con penas severas podría ser “más grave que sancionar violencia de género o el porte de armas”, según algunos parlamentarios.
Para algunos miembros de la oposición, aunque no defienden la industria del vapeo, la reforma exhibe —denunciaron— una “justicia selectiva”: mano dura contra vapeadores, pero poca atención a otros desafíos de salud pública como la mortalidad materna o el cáncer cervicouterino.
Con la aprobación en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados —324 votos a favor y 129 en contra en lo general; 292 a favor y 163 en lo particular—, el dictamen será turnado al Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación definitiva.
El debate en el Senado será clave, pues ahí podrían aprobarse modificaciones adicionales, cláridas interpretación de la ley o mecanismos para su ejecución, especialmente en lo referente al mercado clandestino y la vigilancia sanitaria.
La aprobación de esta reforma marca un giro definitivo en la regulación de los vapeadores en México: se prohíbe su comercio bajo sanciones severas, mientras se intenta asegurar que los consumidores individuales no sean penalizados.
Pero la polémica sobre su eficacia, posible mercado negro y prioridades sanitarias sigue abierta.
