Jaime GUERRERO
La LXIII Legislatura, aprobó un paquete de reformas a leyes secundarias y reglamentarias que darán forma y soporte juridico y operativo, al Sistema Estatal de Combate de la Corrupción, entre las que destaca que se le quita la faculta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para autorizar denuncias al Órgano Superior Fiscalización (OSF), contra ediles y servidores públicos que incurran en malversaciones de recursos.
La Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, Eva Diego Cruz, destacó que se quita el requisito de Procedibilidad de la Junta de Coordinación Política, para poder querellarse ante el Ministerio Público; y con ello, se da Autonomía al Órgano Superior de la Fiscalización en la Ley de Fiscalización
Destacó que con la creación del Sistema Estatal anticorrupción, el Pleno Legislativo, aprobó CINCO reformas y CUATRO nuevas Leyes, para armonizar con las Leyes Federales en la materia.
Al reformarse LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, la LEYES ORGÁNICAS DE LOS PODERES EJECUTIVO y JUDICIAL, se posibilita que el Instituto garante de la transparencia en el Estado, y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por conducto de sus titulares y un representante del Poder Judicial, integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Con la reforma a LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, se instituyen las figuras de CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, además de establecerse como obligación, publicar la cuenta pública municipal.
Diego Cruz, destacó que de las Leyes de nueva creación, son LA LEY DE PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA, se adecua al contexto jurídico establecido en el Sistema Estatal de Combate la Corrupción.
Esa ley, regula la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, al ser este órgano el responsable de tramitar y sancionar en última instancia estatal las conductas y hechos derivados de la corrupción; además de sus facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y particulares, mediante el Juicio contencioso administrativo.
Otra ley nueva es la que regulará la ENTREGA-RECEPCION DE LOS RECURSOS Y BIENES DEL ESTADO DE OAXACA, para asegurar la continuidad del ejercicio gubernamental, la prestación eficiente de los servicios públicos y la entrega transparente del patrimonio y los recursos públicos.
Así mismo, destacó, la nueva LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA, la que homologa las disposiciones de carácter federal, para regir las responsabilidades de servidores públicos y particulares que se involucran en actos de corrupción.
En esta Ley se establece el Código de Ética del servidor público y las hipótesis en que pueden ser sancionados los particulares, mediante el procedimiento resarcitorio.
Se instituye la llamada declaración 3 de 3, que obligará a los servidores públicos a formalizar las declaraciones: patrimonial, de impuestos y de conflicto de intereses.
Mientras que el JUICIO POLITICO y sus reglas, quedarán vigentes hasta en tanto sea aprobada una NUEVA LEY, cuya iniciativa ya hemos presentado.
Con la nueva LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS, detalló, se precisa la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de los entes públicos, y su gestión financiera, el control interno de las haciendas públicas y el control y registro del patrimonio del Estado y sus Municipios.
Es Ley establece la organización del Órgano Superior de Fiscalización, sus atribuciones en materia de fiscalización y de instructor de los procedimientos señalados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
“En resumen, estas acciones legislativas se realizan, con el consenso de todos, para la correcta implementación integral del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y hoy se ponen a consideración de este pleno”, recalcó, Diego Cruz.
Advirtió que quienes incumplan con la Constitución y las Leyes, e incurran en desvíos de recursos, resarcirán los quebrantos a la hacienda pública y reparan los daños ocasionados al patrimonio del Estado, por la actuación irresponsable de los depositarios del poder público.
Diego Cruz, concedió que el combate a la corrupción es un tema inacabado, por tanto, seguirán perfeccionado leyes secundarias y reglamentarias, así como las sanciones a través de reformas al código penal, entre otras disposiciones legales en la materia.