Jaime GUERRERO
Jair Caleb Rodríguez Ortega, dirigente de transportistas ejecutado hace un mes, cobraban como intendente de una escuela secundaria de Santiago Suchilquitongo, Etla.
Fue contratado en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo y no en el de Ulises Ruiz Ortiz, como refirió el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
En un comunicado, el IEEPO informó “que en relación a la publicación difundida en las redes sociales respecto a que Jair Caleb Rodríguez Ortega, había sido contratado en la presente administración como Oficial de Servicios Generales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y que cobraba sin trabajar, se puntualiza lo siguiente”:
Dicha persona fue contratada en la administración estatal del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ya que de acuerdo con registros oficiales se encuentra dado de alta desde el año 2014 (el sexenio de Cué Monteagudo).
Jair Caleb Rodríguez Ortega desempeña un cargo de intendente o conserje no como Oficial de Servicios Generales.
El sueldo que recibía asciende a 6 mil 997 pesos mensuales.
Estaba adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 114, del municipio de Santiago Suchilquitongo, Etia.
El área jurídica del IEEPO llamará al Director de la escuela donde estaba adscrito para que informe que funciones desempeñaba y el horario de trabajo.
Cabe señalar que se informó al Órgano Interno de Control para que realice las investigaciones correspondientes en torno a este tema en el que se actuará
conforma a la normatividad.
El pasado 18 de enero, tres hombres fueron ejecutados -entre ellos Rodriguez Ortega- en el estacionamiento de la tienda Office Depot de avenida Universidad frente a Plaza del Valle en los límites de los municipios de Oaxaca de Juárez y San Antonio de la Cal y Santa Cruz Xoxocotlán.
Rodríguez Ortega, era dirigente transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y ex candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla, en la región de la Costa.
Las otras dos víctimas fueron identificadas como Uriel “N” y Marcos “N”.
El crimen se enmarca en una serie de venganzas y disputas mortales entre dirigentes de sindicatos de transportistas por contratos de obra pública en proyectos de infraestructura, comercio informal y giros negros.
