Redacción El Piñero | Corresponsalía
Durango.- La noticia corrió como pólvora en Durango, Paloma Jazmín “N” fue detenida junto a su pareja Víctor Manuel “N”, señalados como protagonistas del drama que acabó con la vida de una adolescente de apenas 14 años. La joven fue sometida a un procedimiento estético que, lejos de darle la supuesta belleza prometida, la condujo a un hospital en coma y con un destino irreversible.
Según los datos oficiales, la madre no sólo omitió el cuidado de su hija, sino que hasta se dio el lujo de alterar una prueba de COVID-19 y jugar a ser médica sin cédula. Su pareja, por su parte, fungió como “cirujano de ocasión”, operando sin papeles, sin aval y, lo más grave, sin el consentimiento del padre biológico. El señor Carlos Arellano denunció públicamente que se enteró tarde, cuando la clínica le entregó a su hija ya intubada y con paro cardiorrespiratorio, y más tarde descubrió en el velorio las cicatrices que revelaban la verdad escondida bajo las sábanas blancas.
Y mientras el drama se escribía en quirófanos improvisados, las autoridades sanitarias —esas que se suponen guardianas de la salud— brillaron por su ausencia. Ni una inspección, ni un sello de clausura preventivo, ni un aviso de alerta; llegaron después, con la clásica carpeta de investigación bajo el brazo, como si eso borrara la omisión. Otra vez, el sistema aparece como bombero tardío: intentando apagar un incendio cuando la casa ya es ceniza.
