Redacción El Piñero | Corresponsalía
La revocación de mandato que mantuvo a Salomón Jara Cruz en la gubernatura de Oaxaca no cerró filas ni despejó dudas. Por el contrario, abrió una grieta profunda entre la autoridad electoral y una ciudadanía que, en redes sociales y espacios públicos, insiste en que el ejercicio fue una simulación. En cada publicación de El Piñero Periodismo y Debate sobre el tema, el reclamo se repite con una contundencia difícil de ignorar: fraude.
Las acusaciones no se quedan en la percepción. Señalamientos puntuales apuntan a inflado de votos, con imágenes de casillas y su resultado final que siguen compartiendose, conteos inconsistentes y a una caída del sistema del IEEPCO en un momento clave. El caso de un acta que habría pasado de 182 a 1,203 votos en el resultado final fue calificado como un posible “embarazo digital de urnas”. La discrepancia, dicen, no es un error menor: es el síntoma de un proceso que perdió credibilidad en tiempo real.
A ello se suma un dato político incómodo: la abstención. Siete de cada diez oaxaqueños no acudieron a las urnas, y el gobernador fue derrotado en la capital, gobernada por su propio partido. Presumir triunfo en un escenario de baja participación y derrotas simbólicas refuerza la lectura de un resultado formalmente válido, pero socialmente cuestionado.
La narrativa ciudadana es dura. Se habla de un “circo” montado por el IEEPCO, de viejas prácticas que recuerdan al PRIAN, de cooptación a presidentes municipales y de un proceso sostenido más por despensas y apoyos que por convicción democrática. Incluso el magisterio —sección 22— advirtió horas antes sobre una posible simulación; hoy, muchos reprochan que aquella alerta quedara en palabras.
El debate también alcanzó a comunicadores que defendieron el resultado. En redes, figuras como El Chapucero fueron duramente criticadas por avalar la elección bajo el argumento de que “el pueblo decidió”. La respuesta fue inmediata: “investiga”, “no repitas chismes”, “el pueblo no salió a votar”. La desconfianza ya no distingue entre instituciones y voces públicas.
Más allá de posturas, el punto de fondo es claro: sin confianza no hay legitimidad. El IEEPCO y las autoridades están obligadas a transparentar, explicar y, si corresponde, corregir. De lo contrario, la revocación de mandato quedará marcada como un ejercicio que, lejos de fortalecer la democracia local, la debilitó. Y cuando la ciudadanía deja de creer, el costo político no se paga en un día: se acumula. Oaxaca ya mira a 2027 con escepticismo.
