Jaime GUERRERO
Oaxaca.- De acuerdo a la Cuenta Pública del 2017, la administración del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, el Poder Judicial y los organismos autónomos, devengaron 56 mil 459 millones 566 mil 951 pesos, en gasto corriente.
Para el año pasado, la LXIII Legislatura, aprobó un presupuesto de 45 mil 244 millones 489 mil 42.08, pesos en gasto corriente. No obstante, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismo autónomos, terminaron devengando, 56 mil 459 millones 566 mil 951.93, pesos, es decir 75 por ciento más de lo presupuestado.
El gasto corriente que se aplicó se refleja en los capítulos de servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; y participaciones y aportaciones.
De acuerdo a la Cuenta Pública 2017, en Poder del Congreso del Estado, los 56 mil 459 millones 566 mil 951.93, pesos, se aplicaron para hacer frente a las obligaciones del Estado con los trabajadores en todas las modalidades contractuales.
Así mismo, se realizaron gastos para la adquisición de materiales y suministros; y, se aplicaron recursos para servicios básicos: energía eléctrica, teléfono, agua potable, mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria, aseguramiento de bienes patrimoniales, arrendamiento y aseguramiento de inmuebles, entre otros, lo anterior como palanca de apoyo a las actividades de las Dependencias y Entidades para cumplir con los bienes y servicios que se otorgan a la sociedad.
Dichas adquisiciones son las herramientas base, para planear, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones gubernamentales que promueven el desarrollo y competitividad del Estado tales como la de sostener y modernizar la administración de justicia, fortalecimiento a los cuerpos policiacos y aquellos gastos para fomentar la cultura y el deporte en la población, así como para hacer frente al saneamiento financiero, plasma el documento elaborado por la Secretaría de Finanzas.
Lo mismo, se destinaron recursos para cubrir las obligaciones derivadas de los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS); así como para el pago de obligaciones derivados de la bursatilización promovidos por el Estado.
El presupuesto devengado en el capítulo de transferencias, subsidios y otras ayudas corresponde a las erogaciones realizadas por los Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Entidades Paraestatales; quienes realizaron acciones de legislación, administración de justicia, salud, educación a los niveles básico, medio, medio superior y superior.
Lo mismo, en atención a autoridades para el desarrollo municipal, mejoramiento del medio ambiente y la implementación de los programas sociales para la atención integral de la familia, apoyo a grupos vulnerables, suministro de agua potable, mejoramiento a la vivienda, entre otros.
La política social del Gobierno del Estado de Oaxaca, requiere de la permanencia y consolidación del programa de austeridad presupuestaria, la eliminación de gastos no prioritarios, y la contención del gasto de operación del gobierno para apuntalar una creciente reorientación del gasto público hacia el desarrollo social y la inversión.
En tanto, en gasto de capital, es decir a inversiones e infraestructura pública, proveniente del Estado y del Gobierno Federal, los recursos aplicados en el 2017, fueron 9 mil 629 millones 155 mil 818 pesos.
De acuerdo a la cuenta pública, ese tipo de inversión, comprende aquellos gastos de inversión que el sector privado no realiza por su cuenta, por corresponder a actividades de carácter social o comunitario, o para el fomento de la inversión privada en el Estado. La inversión pública se destina principalmente a comunicaciones y transportes, energía e irrigación, agricultura, educación y bienestar social entre otros.
Los recursos públicos aplicados por el Estado provienen de las aprobaciones de proyectos financiados por el Programa Normal Estatal (PNE), y diversos financiamientos de recursos federales que inciden principalmente en infraestructura pública donde se identifican los fondos de aportaciones (Ramo 33) contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal entre los cuales están:
El Fondo de Infraestructura Social Estatal, Aportaciones Múltiples para Asistencia Social e Infraestructura Educativa Básica y Superior, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; los que se obtienen de programas o convenios con dependencias federales; y, los que derivan de la deuda pública autorizada por el Congreso del Estado para este concepto.
