Veracruz, México.- Entregó Yunes a integrantes del Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción contratos apenas dos días después de ordenar su creación mediante decreto.
Contratistas beneficiados en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares supervisarán la entrega del Poder Ejecutivo estatal a la siguiente administración que encabezará Cuitláhuac García Jiménez.
En el bienio Yunes –que concluirá el 30 de noviembre– los que ahora son “vigilantes” fueron favorecidos con la contratación de obra pública y arrendamiento de bienes inmuebles.
Ante ello, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la honorabilidad de quienes integrarán el Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública, toda vez que se trata –advierten– de un acto inmoral.
Obras por la farsa ciudadana
El lunes 27 de agosto, el gobernador Yunes ordenó la creación del Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018.
El Decreto –publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 342– refiere que el comité servirá para supervisar el estado que guarda el gobierno para transferirse al nuevo Ejecutivo. Sus siete integrantes serían designados a invitación directa por el mandatario estatal por sus méritos en materia de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los invitados por Yunes para integrar el comité ciudadano fue Luis Palacios Macedo Gutiérrez, quien apenas dos días después del Decreto, fue favorecido con un contrato para Grupo Corporativo Lupama SA de CV, compañía de la que es propietario, según el acta constitutiva consultada en el Registro Público de Comercio en Xalapa.
De acuerdo con el fallo de la licitación simplificada mediante invitación a cuando menos tres proveedores LS-103C80801 —cuya copia tiene La Jornada Veracruz— la constructora recibió el contrato por 373 mil pesos para dar servicio de mantenimiento y remodelar áreas de la Ciudad Asistencial Conecalli de Xalapa que administra el DIF Estatal.
Lupama, de Palacios Macedo fue señalada de haberse favorecido también con múltiples contratos en los gobiernos priístas de Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016).
En el gobierno de Herrera, la constructora hizo obra pública por adjudicación directa de la entonces Secretaría de Comunicaciones, superior a los 10 millones de pesos en cuatro contratos entre 2007 y 2008.
Arrendador de inmuebles al gobierno
Palacios Macedo ha sido además beneficiado con contratos de renta de inmuebles en los que despacha el gobierno de Yunes.
Según información pública entregada por la Secretaría de Turismo y Cultura a un particular vía Transparencia, Palacios es arrendador del edificio ubicado en la calle Río Tesechoacán número 57 de la colonia Cuauhtémoc de Xalapa. La dirección es la misma en la que actualmente se encuentra esa dependencia.
En el 2016, quien ahora es integrante del Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción, reclamó al gobierno de Duarte un adeudo por un millón 386 mil pesos por 11 meses de renta.
Palacios Macedo es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa. En los últimos meses, empresarios que exigen pagos al estado lo acusan por su inacción ante los abusos del gobierno de Yunes.
Cuestionan honorabilidad
Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la creación del comité ciudadano por Decreto del gobernador, por considerar que sus integrantes son personajes vinculados al Poder Ejecutivo.
El director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Iván Gidi Blanchet, advirtió que por su cercanía y beneficios que el gobernador Yunes les ha concedido, los que fueron invitados debieron excusarse de participar en la vigilancia de la entrega-recepción de la administración pública.
El comité es integrado además por Armando Díaz Salazar, líder evangélico; José Luis Cuevas Gayoso, director de la Facultad de Derecho UV; Liliana Ivonne Betancourt Trevedhan, directora general del Área Académica Económico-Administrativo de la UV; Carolina Ocampo, presentadora de noticias; Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz; y Gerardo Libreros Cobos, presidente de Canaco Xalapa. Algunos también tienen vínculos con el gobierno de Yunes.
“Si los integrantes del comité, algunos de ellos empresarios, recibieron contratos del estado, no se esperaría que fueran imparciales al momento de calificar al gobierno que ya se va. Lo que está en juego para muchos de ellos es su honorabilidad por esta actuación inmoral. Yunes lo que tendría que hacer es dejar de simular, abrir la administración pública que mal ha conducido y permitir al nuevo gobierno comenzar a revisar las condiciones de emergencia en las que le entregan a Veracruz”, dijo Gidi.
Investigan contratos de Mancha Alarcón
El dirigente estatal del PAN, José Mancha Alarcón, dio a conocer que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) le han pedido información sobre sus empresas y las de su familia, que han recibido contratos por parte del gobierno estatal.
Esto, derivado de la posible violación a la Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz, donde de acuerdo con un documento, que se asegura forma parte del Informe de la Cuenta Pública 2017, aparece esta irregularidad dentro del apartado de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).
Conforme a este expediente, la SIOP habría violado los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en la asignación de la obra pavimentación del camino La Chinantla-Helio García-La Horqueta, por un monto de 16 millones 779 mil pesos a favor de la empresa Izal Inmobiliaria SA de CV, propiedad del dirigente panista.
La razón, porque en la licitación por invitación a tres empresas, otra de las constructoras que concursaba era Multiservicios El Elemento SA de CV, que tenían en común como accionista al líder del PAN en Veracruz, y conforme a la ley, debió restringirse la participación a alguna de las dos empresas al existir vínculos y por lo tanto, conflicto de intereses.
Sobre esto, José Mancha se defendió y aseguró que los contratos que le fueron otorgados a su empresa inmobiliaria (enfocada a la compra y renta de casas) fueron con apego a la ley y no hubo ninguna irregularidad.
A pesar de que reconoció que tanto la ASF como el Orfis le han pedido información técnica sobre obras y prestación de servicios al gobierno estatal, dijo no estar preocupado, ni siquiera porque habrá un informe especial sobre su caso dentro del informe de la cuenta pública 2017
“Yo estoy tranquilo, como siempre lo he dicho, siempre se ha hecho de manera legal, todo fue parte de una campaña sucia, que no debe espantar a nadie que alguien tenga un trabajo que haga un trabajo bien, de calidad, eficiente, paga impuestos, el tema se usó de manera perversa”, expresó.
Confió que el tema no se politice y sea visto con responsabilidad, pues estimó que el dictamen de la cuenta pública ya podría caer en manos de la próxima Legislatura, donde su mayoría serán diputados de Morena.
Pese a esto, aseguró que no le quita el sueño esta situación, como tampoco afectará su reelección al frente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional.
PUBLICADO EN: http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180918_093659_389
