Víctor Ruiz Arrazola*/Política, Políticas & Derechos Humanos
A casi dos días de que concluyan las campañas electorales rumbo a los comicios del primero de julio de 2018, el escenario político electoral está desarticulado, débil y en crisis, mientras el Estado mexicano brilla por su ausencia al ceder el control a la delincuencia, misma que no tiene límites para operar, incluso desde las instituciones del Estado.
Para quienes integran la estructura gubernamental que encabeza, aún, Enrique Peña Nieto, les quedó grande el país que intentan gobernar, ya que en el mes de septiembre de 2017, cuando inició el periodo electoral no estaban preparados, desde luego que tampoco ahora lo están, para enfrentar y detener la violencia en contra de personas actoras de la política electoral.
Peña Nieto y sus aliados, se la pasaron repartiéndose las riquezas de un país que se les está cayendo entre las manos y nada hicieron para diseñar estrategias que le permitieran a la nación salir con el menor costo posible del proceso electoral.
A diferencia de otros procesos electorales federales en México, la violencia contra quienes aspiran a un puesto de elección popular es un riesgo que tienen que enfrentar solas y solos, pues ni los partidos políticos, el órgano electoral o el gobierno saben qué hacer.
Las agresiones se incrementaron a tal grado en contra de personas precandidatas o candidatos que consultoras como Etellekt desarrollaron indicadores de Violencia Política, mismos que están sirviendo para demostrar que el Estado mexicano y sus instituciones no tienen el control del proceso electoral.
Esta consultora dio a conocer el pasado 19 de junio, que del 8 de septiembre de 2017 y hasta el 16 de junio pasado “se han registrado en el país un total de 120 asesinatos contra políticos y otros 351 asesinatos en contra de funcionarios no electos. Situación que anticipa un serio desafío de seguridad para la paz y gobernabilidad democrática en las regiones con mayor presencia de organizaciones delictivas y notorio debilitamiento institucional”.
Sin embargo, seis días después desde los medios de comunicación tuvimos que dar otra aberrante noticia para un país que dice ser democrático, el asesinato de cinco personas militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Oaxaca, entre ellas, el candidato a diputado local por el Distrito XXI que abarca las regiones de Ejutla de Crespo y Sola de Vega, Emigdio López Avendaño, originario de la comunidad chatina de Piedra Ceniza, en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, en la Sierra Sur de Oaxaca.
Los militantes de Morena fueron emboscados cuando regresaban de San Vicente Coatlán, con rumbo a la ciudad de Ejutla de Crespo. Durante el ataque, además, de López Avendaño fueron asesinados Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apuleyo Cruz y Florencio Ramírez. Otras dos personas resultaron heridas.
El pasado dos de junio, en el municipio oaxaqueño de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, fue asesinada la candidata a segunda consejal de ese ayuntamiento Pamela Terán, la fotógrafa y jefa de Información de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, María del Sol Cruz Jarquín, así como Rodolfo Guerra, primo y chofer de la candidata, por un grupo de hombres armados, quienes hasta el momento no han sido identificados.
Este tipo de asesinatos se han registrado en Michoacán, Puebla, Sonora, Guerrero y en otras entidades ¿y el Estado dónde está?
@V_RuizArrazola
Comparto mi columna Política, Políticas & DDHH: ¿Y el Estado dónde está?https://t.co/5MUHcnxcNf
— Victor Ruiz Arrazola (@V_RuizArrazola) June 26, 2018
*Periodista y defensor de derechos humanos.
