➡️La violencia crónica, agudizada por el debilitamiento de las instituciones de seguridad pública, supone condiciones de alto riesgo para la integridad de los actores políticos.
➡️En el proceso electoral del 2021, fueron al menos 36 los asesinatos políticos y, tan sólo en 2023, aún sin haber iniciado formalmente el proceso electoral, suman ya, al menos, 38 asesinatos, concentrándose en los estados de Oaxaca (9), Guerrero (9), Veracruz (6) y Morelos (4).
➡️Urgen medidas puntuales que, a partir de las capacidades federales y locales, se aboquen a la protección del proceso electoral y de los candidatos.
Redacción El Piñero | Corresponsalía
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2023.- El proceso electoral en curso será el más grande en nuestra historia. Se elegirán más de 20 mil cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales; también se renovarán nueve gubernaturas y 31 congresos locales.
La violencia crónica en nuestro país, agudizada por el debilitamiento de las instituciones de seguridad pública, especialmente durante el presente sexenio, supone condiciones de alto riesgo para la integridad de los actores políticos y el curso de nuestro proceso democrático. Nuestra realidad es suficiente para encender las alarmas. A partir de 2020, Causa en Común ha dado seguimiento al asesinato de actores políticos, como parte del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto.” De acuerdo con este conteo, desde 2020 hasta octubre de 2023, medios de comunicación han dado cuenta de al menos 231 asesinatos de actores políticos. En el proceso electoral del 2021, fueron al menos 36 los asesinatos políticos y, tan sólo en 2023, aún sin haber iniciado formalmente el proceso electoral, suman ya, al menos, 38 asesinatos, concentrándose en los estados de Oaxaca (9), Guerrero (9), Veracruz (6) y Morelos (4). Como la mayor parte de los asesinatos en nuestro país, tampoco en estos casos suelen iniciarse investigaciones dignas del nombre, por lo que la constante es la impunidad.
En vez de continuar por la irresponsable e inútil empresa de ocultar la inseguridad y polarizar aún más al país, urgen medidas puntuales que, a partir de las capacidades federales y locales, se aboquen a la protección del proceso electoral y de los candidatos en circunstancias de mayor riesgo.
En el México de hoy es necesario resaltar lo obvio: el enemigo no son los contrincantes ni los ciudadanos con distintas opiniones, sino ese crimen organizado al que tantos abrazos se le han enviado desde lo alto del poder político. Continuar abdicando en materia de seguridad, y sobre todo en estos momentos, significaría continuar desprotegiendo a la ciudadanía y a nuestra democracia. Difícil imaginar mayor irresponsabilidad que la indiferencia ante las tragedias que pueden evitar.
