Jaime GUERRERO
Bajo el eco de aplausos contenidos y reclamos de indignación, el Senado de la República consumó anoche una de las reformas más controvertidas del sexenio: la modificación a la Ley de Amparo, que limita la figura de la suspensión contra actos de autoridad en sectores clave de la economía nacional.
Con 76 votos a favor y 39 en contra, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal –y avalada por Morena y sus aliados– se abrió paso en un pleno cargado de ironía, presiones y un debate que dejó al descubierto las grietas de un sistema jurídico en transformación.
Para la oposición, es un retroceso al garantismo constitucional; para el oficialismo, un blindaje contra abusos procesales que frenan el “desarrollo del país”.
La votación, que se extendió hasta pasadas las 23:00 horas, selló el destino de una norma que, desde 2011, ha sido el baluarte de los ciudadanos frente al abuso del poder público.
Ahora, la suspensión –ese mecanismo que paraliza provisionalmente decisiones administrativas mientras se resuelve un juicio– no procederá contra revocaciones de permisos y concesiones en áreas sensibles como electricidad, hidrocarburos, transporte, minería y hasta medicamentos.
Es decir, si una autoridad federal decide cancelar una concesión petrolera o un permiso minero por presuntas irregularidades, el afectado no podrá detener el proceso con un amparo inmediato.
El impacto podría reflejarse en litigios millonarios y en la confianza de inversionistas, aunque el oficialismo insiste en que solo se cierran “resquicios” para abusos.
El exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro –quien ha sido blanco de reformas previas–, lo resumió con crudeza en un tuit que circuló como un mantra opositor: “Lo central es la restricción de la figura de la suspensión contra actos de autoridad. Esto debilita el amparo como escudo ciudadano”.
Su voz, aunque no resonó en el pleno, amplificó el descontento de bancadas como PAN, MC y PRI, que unieron fuerzas en un rechazo unánime. “Es una reforma regresiva que desnaturaliza el amparo en perjuicio del ciudadano”, arengó la senadora panista Guadalupe Murguía Austria desde su escaño, con el tono de quien denuncia una traición.
Para sus colegas, esta ley forma parte de un “proceso de aniquilación” de los mecanismos de defensa colectiva y los derechos humanos, un paso atrás en el legado mexicano que exportó al mundo el juicio de amparo como derecho universal.
El debate, que inició al mediodía en comisiones y escaló a un pleno electrizado, no estuvo exento de sorna y revelaciones que pintaron un backstage de intrigas.
Los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda y Alejandra Barrales, no escatimaron en ironía: “Bienvenidos a la ‘ley del desamparo’”, ironizó Castañeda, mientras Barrales remachaba:
“Dejamos al ciudadano en la indefensión absoluta, como si el amparo fuera un lujo para elites”.
Su burla, entre risas forzadas y ceños fruncidos, subrayó el vacío que, según ellos, deja esta reforma: un ciudadano desprotegido ante un Estado que, con prisas legislativas, prioriza la “eficiencia” sobre la justicia.
Pero el clímax llegó con las filtraciones de presiones internas. La senadora priista Carolina Viggiano Austria, en un intervención que cortó como navaja, destapó el pulso detrás de escena:
“Hubo presiones sobre el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, para que devolviera al dictamen un transitorio que haría retroactiva la reforma”.
Ese artículo fantasma, que reapareció en las últimas horas del debate, reza:
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”.
Al mediodía, en la Comisión de Justicia, Corral –el exgobernador chihuahuense convertido en legislador– había propuesto su retiro, y los comisionados le obsequiaron un respaldo unánime.
Sin embargo, en el pleno, el transitorio resucitó como un zombie normativo, aplicando los nuevos límites a juicios ya en curso.
La escena fue digna de un thriller político: al calor del debate, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández –exsecretario de Gobernación y figura clave del lopezobradorismo–, junto al vicecoordinador Ignacio Mier Velázquez, se acercó al escaño de Corral.
Testigos describen un intercambio gestual intenso: manoteos, susurros apremiantes y el chihuahuense visiblemente tenso, como si negociara el alma de la reforma en tiempo real.
Al final, el transitorio se mantuvo, asegurando que la reforma muerda litigios pendientes y potencialmente afecte casos emblemáticos de concesiones energéticas en disputa.
Morena, por su parte, defendió la iniciativa como un “equilibrio necesario”.
En tribuna, Corral alegó que el “fin último” es “fortalecer al juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder”, sin cerrar puertas a la justicia, pero eliminando “resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y, con ello, el desarrollo del país”.
Los aspectos clave giran en torno al “interés legítimo”, ahora definido con precisión quirúrgica: debe tratarse de una “lesión jurídica, individual o colectiva, real y diferenciada, cuya reparación produzca un beneficio cierto y no hipotético o eventual para la persona quejosa”.
En palabras de Corral: “Evitamos demandas basadas en intereses abstractos. La sobrecarga de los tribunales con juicios de amparo sin fundamento fortalece la seguridad jurídica, pero sin cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas”.
La suspensión, insisten, se mantiene como “instrumento esencial”, pero con límites en casos de “sensibilidad nacional”: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública. Un guiño a la agenda presidencial de combate a la corrupción y soberanía energética.
Sin embargo, la oposición ve en esto un caballo de Troya. Murguía reprochó la aprobación de una reforma “que tiene el sello de la casa: con prisas, con improvisaciones, con cambios repentinos y ajustes sobre las rodillas”.
Citó un ejemplo: “Si la autoridad de salud se niega a comprar vacunas contra el sarampión, será difícil acreditar el perjuicio a los niños, porque de entrada no sabemos a cuántos menores puede perjudicar esta medida.
El beneficio debe ser ‘cierto’, no hipotético. ¿Y si la pandemia regresa?”.
La senadora priista Claudia Anaya Mota elevó el tono a lo histórico: “El juicio de amparo no sólo es una pieza central del derecho mexicano; su principal aportación al orden jurídico universal es la cristalización de un recurso judicial efectivo como un derecho humano. Es inconcebible que el país que le dio al mundo el amparo sea justamente el que hoy da pasos regresivos en el espíritu garantista que habíamos alcanzado hasta ahora”.
Con la aprobación, la reforma pasa a sanción presidencial –un trámite formal, dado su origen en el Ejecutivo– y entrará en vigor en semanas.
La “ley del desamparo”, como la bautizaron los opositores al oficialismo, no solo redefine el amparo; cuestiona el pacto entre poder y ciudadano en un México que, entre avances y retrocesos, busca su rumbo jurídico.
