Redacción El Piñero | Corresponsalía
Veracruz.- En la zona limítrofe entre Loma Bonita, Oaxaca, y Tomate Río Manso, Veracruz, el olvido tiene forma de carretera. A pesar de ubicarse en una región estratégica de la Cuenca del Papaloapan, el camino que conecta a esta comunidad veracruzana ha sido objeto de múltiples promesas y contratos millonarios, sin que las obras se materialicen.
En menos de una década, al menos cuatro contratos han sido asignados para su rehabilitación. Uno de ellos, en 2019, fue entregado por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (hoy SICT) a la empresa Infraestructura en Construcción por más de 4.5 millones de pesos. Sin embargo, la obra jamás se ejecutó. La empresa era, en realidad, una fachada: fue identificada por el SAT como empresa fantasma (EFOS) desde 2018, lo cual no impidió que recibiera recursos públicos.
Funcionarios federales y estatales participaron en la adjudicación, ignorando alertas fiscales y legales. Incluso cuando la propia empresa pidió rescindir el contrato por no poder facturar, la dependencia no actuó a tiempo, ni aplicó sanciones efectivas. No hubo relicitación. No hubo reparación. Solo un camino destruido y una comunidad aislada.
Detrás de Infraestructura en Construcción opera una red de constructoras con rostros y domicilios repetidos: Construcciones B&M, H.M. Pavimentaciones, y otras más, que han captado más de 300 millones de pesos en contratos públicos, muchos de ellos después de que la autoridad fiscal inhabilitara a la empresa principal.
El arquitecto Ramón Montano, apoderado legal de la firma, admitió haber creado estas empresas con albañiles y jardineros para simular estructuras legales, mientras su propia familia ocupa cargos clave dentro del grupo empresarial. Pese a ello, las empresas siguen activas y consiguen contratos, incluso en administraciones municipales actuales de la región.
El caso de Tomate Río Manso es un ejemplo claro de la simulación empresarial, la omisión institucional y la corrupción tolerada. El SAT sanciona a una firma, pero no desmantela la red. La SICT otorga contratos, pero no exige resultados. Y los gobiernos estatales y municipales callan o colaboran.
Mientras tanto, los pobladores siguen esperando un camino digno. Y al Sur de la Cuenca, en la frontera entre Oaxaca y Veracruz, la impunidad pavimenta el abandono.
