JAIME GUERRERO
El asesinato del director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas dejó al descubierto graves irregularidades en la actuación del gobierno municipal, luego de confirmarse que el alcoholímetro relacionado con los hechos operaba de manera ilegal, sin autorización oficial ni apego a los protocolos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA).
El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que la instalación y funcionamiento de dicho punto de revisión se realizó fuera del marco legal y sin coordinación con el mando metropolitano ni con las autoridades estatales, una omisión que incrementó los riesgos y derivó en un desenlace fatal.
De manera preliminar se había señalado que el funcionario asesinado estaba a cargo del alcoholímetro; sin embargo, se precisó que se trataba de un operativo irregular, sin aval institucional, lo que expuso tanto a la ciudadanía como a los propios servidores públicos involucrados.
Romero López explicó que los alcoholímetros autorizados, como los que operan en Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán, cuentan con supervisión permanente de la Policía Vial Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Mesa de Seguridad y órganos de control interno, precisamente para evitar abusos, improvisaciones y hechos de violencia.
El funcionario estatal lamentó la muerte del director jurídico y confirmó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realiza una investigación exhaustiva para esclarecer el homicidio y deslindar responsabilidades penales. Detalló que, minutos antes del crimen, se había registrado un hecho violento durante el operativo y posteriormente sujetos a bordo de motocicletas regresaron al lugar para ejecutar al funcionario.
Romero López reconoció que el caso exhibe omisiones institucionales graves por parte del gobierno municipal y adelantó que se reforzará la revisión de los operativos implementados por los ayuntamientos, con el objetivo de impedir la instalación de alcoholímetros fuera de la ley.
Finalmente, el Gobierno del Estado llamó a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad en la protección de la vida y la seguridad ciudadana, y a respetar la normatividad vigente para evitar que hechos como el ocurrido en San Jacinto Amilpas vuelvan a repetirse.
