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En San Esteban Atlatlahuca pasaron de las demandas por la defensa de sus bosques a exigir justicia para sus muertos

El Piñero

Redacción El Piñero

San Esteban Atlatlahuca, Oaxaca – Mientras las autoridades estatales minimizan los hechos violentos ocurridos durante los días 21, 22 y 23 de octubre pasado en las comunidades de Mier y Terán,  Ndoyonoyuji y Guerrero Grande, al recorrer sus caminos, sus calles, al hablar con mujeres, hombres y ancianos, aquí se siente el dolor, huele a muerte, las comunidades están de luto.

Varias familias de estas tres comunidades fueron atacadas a balazos, sus casas quemadas, al menos siete personas muertas, otras cinco desaparecidas, muchas más lesionadas, pero muchas familias sobrevivientes, forzadamente tuvieron que desplazarse, ante el inminente riesgo de ser asesinadas. Esto ocurre en la Mixteca oaxaqueña, en tiempos de paz.

Un equipo de El Piñero y Debate llegó hasta esta olvidada zona del territorio oaxaqueño para recopilar testimonios de las víctimas, sobre las razones de la violencia en su contra, las familias agredidas son quienes se oponen a la explotación de sus bosques, una riqueza natural que buscan protegerla para dejarla de herencia a las nuevas generaciones, se trata de una superficie boscosa en medio de la semiárida región de la Mixteca.

Por oponerse a la explotación desmedida del bosque, bastaron tres días para ser víctimas de una masacre,  durante estas 72 horas de terror, fueron asesinadas siete personas, quemadas unas 120 casas, se perpetró la desaparición forzada de personas, se dio desplazamiento forzado interno. La Guardia Nacional y la Policía Estatal llegaron al lugar de los hechos, pero ya nada pudieron hacer por evitar esta matanza. Los agresores actuaron con impunidad durante tres días. La autoridad estatal, a pesar de conocer que estaba pasando actúo sin prisa.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (CEDHAPI A.C) documentó y denunció oportunamente lo que estaba sucediendo, pero el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárraga, minimizo los hechos y declaró que no había personas asesinadas, solo unas cuantas casas quemadas, y que tampoco se estaba dando el desplazamiento interno forzado.

La organización civil le aclaró al servidor público que os hechos ocurridos los días 21, 22 y 23 de octubre del 2021, donde fueron quemadas más de 120 casas en Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, “y que el número correcto lo determinará la Fiscalía General del Estado de Oaxaca al recibir e integrar debidamente todas la carpetas de investigación al respecto y que algunas de esas denuncias ya constan en las carpetas de investigación como es la numero 35007/FMIX/TLAXIACO/2021”.

El Piñero, Periodismo y Debate, recorrió algunas de las casas quemadas, recabó testimonios de mujeres y hombres sobrevivientes de esta masacre. Todos argumentan que el conflicto no es nuevo, que ya le habían advertido a las autoridades del riesgo que corrían, pero no les hicieron caso y ahora, las comunidades son las que pusieron, una vez más, a los muertos.

Para el día 25 de octubre, Cdhapi le informó a las autoridades que respecto al desplazamiento forzado interno de personas “referimos que actualmente existe un censo de 200 personas entre ellas mujeres, niños y ancianos que desde el día sábado 23 de octubre del 2021, aproximadamente a las nueve de la noche se instaló de forma provisional en el auditorio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI ubicado en el Barrio de San Diego de la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca”.

Además, la misma Fiscalía General del Estado de Oaxaca, reconoció en su boletín de prensa: la FGEO tomó la declaración de las víctimas que están alojadas en un albergue temporal y brindó asesoría jurídica a quienes lo requirieron. Y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo reconoce al emitir una medida cautelar. El día  24 de octubre del 2021, personal de CEDHAPI A.C. visitó la comunidad de Mier y Terán, San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, constatando de que en ese lugar había aproximadamente 150 personas desplazadas de las comunidades de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande, las cuales la mayoría de ellos se les había quemado sus casas, encontrándose mujeres, niños y ancianos.

Las agresiones comenzaron semanas antes, como lo indica el testimonio de una persona del sexo masculino quien dijo que el día 2 de octubre del 2021, por oponerse a que quemaran la casa de su prima, un grupo de personas armadas le rociaron gasolina y le prendieron fuego y de manera milagrosa se salvó, presentado heridas graves en el rostro y en los brazos, y hasta la fecha presenta las secuelas de las quemaduras.

El abogado, Maurilio Santiago Reyes, presidente de Cdhapi, dio a conocer que  respecto a la negativa de que exista un grupo armado que haya atacado a las comunidades en referencia, la misma Fiscalía, en una versión oficial, refirió que como resultado de las labores de campo se tuvo conocimiento de una persona lesionada por arma de fuego, además que se aseguraron elementos balísticos de diferentes calibres, “probando con este dicho de que si hubo uso de armas de fuego”.

Respecto a las personas fallecidas, el día sábado 23 de octubre del 2021, aproximadamente a las seis de la tarde un grupo de personas en estado de zozobra y miedo acudieron a las oficina del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos indígenas A.C, refiriendo que tenían conocimiento que varios de sus familiares habían sido asesinados en el ataque de un grupo armado en las comunidades de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.

Ante esta situación, en apoyo a las víctimas, el abogado de Cdhapi acudió a la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de Tlaxiaco a denunciar los hechos, integrándose la carpeta de investigación número 35033/FMIX/TLAXIACO/2021.

A las nueve y media de la mañana del día 24 de octubre del 2021 elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, subieron a la comunidad de Guerrero Grande Atatlahuca, transcurriendo más de doce horas desde el momento en que se presentó la denuncia.

El hecho de que no se hayan encontrado los cuerpos no quiere decir que no se haya cometido el delito de homicidio, máxime que era una zona controlada por el grupo agresor y que tuvieron el tiempo suficiente para poder ocultar los cadáveres ya que los caminos de acceso se encontraban bloqueados, declaró Santiago Reyes.

En las primeras horas, entre los desparecidos se encontraban, Isidoro Hernández, Miguel Bautista, Feliciano Bautista Sandoval, Austreberto Barrios Hernández, Raymundo López Sandoval, Felipe Reyes Velasco, Dominga García Riaño, Donato Bautista Avendaño, Martina Sandoval, Marcos Quiroz Riaño, y Mayolo Quiroz Barrios desapareció el 10 de octubre del 2021, según la carpeta de investigación 33875/FMIX/TLAXIACO/2021. Después se confirmarían los asesinatos.

•             Marcos Barrio Avendaño, de 80 años de edad.

•             Marcos Quiroz Reaño, de 65 años.

•             Tomas García Barrios, de 41 años.

•             Paulina Sandoval Bautista, de 95 años y.

•             Teodoro Velasco Sandoval, de 95 años de edad.

Posteriormente, la cifra se elevó a siete.

A más de un mes de la masacre, de los agresores nada se sabe. Mientras aquí, las demandas por la defensa del bosque quedaron en segundo término, ahora se exige justicia por los asesinados, las casas quemadas y por el desplazamiento forzado interno.

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