Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- Tras el desfalco multimillonario al erario de los oaxaqueños por parte del exgobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, uno de los principales objetivos de la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, cuando entró en funciones en noviembre de 2016, debió haber sido practicarle juicio político.
Sin embargo, a unos días de concluir su gestión, los legisladores salientes se convierten en encubridores del saqueo, ya que a pesar de haber aceptado la solicitud de juicio político presentada en diciembre de 2016 por el Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad, a la fecha los avances son nulos.
Un juicio político es el derecho que todo ciudadano tiene para llamar a cuentas a los servidores públicos corruptos y consiste en sancionar a todo aquel funcionario que en el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales conferidas, incurran en actos y omisiones que afecten y perjudiquen los intereses públicos fundamentales.
El juicio de Gabino Cué es por desviar millones de pesos destinados a la compra de medicamentos y obras de infraestructura educativa y de salud, lo que se lograría es que el exgobernador quede inhabilitado para ocupar cargos públicos no sólo en el estado, sino a nivel nacional, además que se le podrían fincar responsabilidades penales.
Un ejemplo del desinterés en practicar juicio político a Gabino Cué se refleja en que la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura, que preside la diputada del Partido Morena, María de Jesús Melgar Vásquez, se tardó cinco meses en dar inicio a este proceso desde de la presentación de la solicitud.
Asimismo, las sesiones de esta comisión fueron contadas y se tardaron nueve meses en notificar al exmandatario estatal que se había iniciado dicho juicio en su contra, alegando que no contaban con la dirección del domicilio de Cué Monteagudo para emplazarlo legalmente.
Todo esto con la complacencia de los 42 diputados de todos los partidos políticos, ninguno queda exento, ya que al guardar silencio y mostrar desinterés en que el juicio político fuera de manera pronta y expedita, por su omisión se convirtieron en cómplices del robo descarado al pueblo oaxaqueño.
En sesión ordinaria de la LXIII Legislatura, los representantes populares se desgarraron las vestiduras al desaprobar las cuentas públicas de Gabino Cué de los años 2014, 2015 y 2016, en las que la Auditoría Superior del Estado señaló que se dejaron sin solventar 157 millones de pesos.
Cantidad que es una burla considerando que las denuncias que enfrenta el exgobernador son por el desvío de más de 30 mil millones de pesos durante su administración de 2010 a 2016, algo de lo que ninguno de los legisladores procuró que se aclarara el destino de este recurso o que se castigara a Cué Monteagudo.
Con esta actitud, los actuales representantes populares se lavan las manos y heredan la tarea de continuar con el juicio a la LXIV Legislatura que entrará en funciones el próximo 15 de noviembre, algo contradictorio, ya que mediáticamente han denunciado que Gabino Cué desvió recursos, pero no están dispuestos a llevarlo a un juicio político en los hechos.
Reprueban cuentas públicas
El pasado 18 de septiembre, en sesión ordinaria por unanimidad los diputados votaron a favor de los cuatro dictámenes que desaprueban las cuentas públicas de Cué Monteagudo, cabe señalar que en la sesión estuvo ausente la diputada María de Jesús Melgar, presidenta de la Comisión Instructora, encargada de dictaminar el juicio político.
La entonces Auditoría Superior del Estado (ASE), cuyo titular era Carlos Altamirano Toledo, en su informe de la cuenta pública estatal 2014, revisó 6 mil 666.8 millones de pesos ejercidos por cinco dependencias del gobierno estatal, tras lo cual observó 104.2 millones de pesos sin solventar, por lo que iniciaron 62 acciones de financiamiento de responsabilidad administrativa resarcitoria y 79 promociones de responsabilidad.
Del informe de la cuenta pública 2015 presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca no se solventaron en cinco dependencias del gobierno estatal 44 millones 438 mil pesos, iniciándose 22 Procedimientos de fincamiento de responsabilidad administrativa y 120 Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Mientras que en el informe de la cuenta pública 2016, cuatro dependencias no solventaron el ejercicio de 21 millones 916 mil 316 pesos, pese a estas observaciones sin solventar, la Auditoría determinó que el gobierno del estado cumplió razonablemente en el ejercicio de los recursos públicos en relación a los programas ejecutados, ajustándose a los términos y montos aprobados y de igual manera, los ingresos y egresos se ajustaron a los conceptos y a las partidas correspondientes
