•Levantado al mismo tiempo que el hijo de María Antonieta Muñoz
•“No hay garantía (seguridad) para nadie” reprochó madre de Guillermo, seis años desaparecido
•Fiscal Wínckler, desinteresado por casos del duartismo
Por Arantxa Arcos blog.expediente.mx Para El Piñero de la Cuenca
Veracruz.- Guillermo Muñoz Roa y Arturo, sobrino del ex procurador de Justicia, ahora fiscalía, desaparecieron el 16 noviembre del 2011. Guillermo no ha regresado a casa con su madre, doña María Antonieta Muñoz, integrante del colectivo “Buscando a nuestros desaparecidos” en Xalapa.
La investigación del caso la mantiene Antonieta por cuenta propia. La Fiscalía General del Estado (FGE) también presumió efectuar indagatorias en la investigación, pero el tiempo pasa y las pruebas se pierden.
“Entre más pasa el tiempo, más se pierden evidencias, más se va diluyendo la información que es lo que ellos han querido. Algunos casos tienen detenidos”, reprochó.
Guillermo laboraba en una compañía de lácteos. Su función comprendía vender y repartir los pedidos al cliente. Su error pudo haber sido relacionarse con una persona, cuyo historial estaba más sucio que el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Guillermo y Arturo fueron levantados de una fiesta por un comando armado. Este acto es la primera pista que encontró Antonieta, sola, sin ayuda de la Fiscalía General o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada, en ese entonces, por Arturo Bermúdez Zurita.
Arturo cuenta con antecedentes penales. Antonieta los encontró en carpetas que su tío, Felipe Amadeo Flores Espinosa, firmó como procurador de Justicia en Veracruz.
“Me dediqué a buscarlo en varios lugares, acudí a varias instancias y todos me decían: el caso es muy hermético, no se puede hablar de nada, porque es sobrino del Procurador. Así me decían. Mi caso nunca avanzó, en nada”, recordó.
Las omisiones a la búsqueda por parte de las autoridades, en caso de comprobarse, generarían delitos como incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
“Las investigaciones que tenemos en las carpetas es algo que hemos hecho con anterioridad por nosotros como familiares”, continuó Antonieta.
Han pasado seis años. La esperanza de verlo con vida se mantiene. Duda que ello ocurra, en la entidad continúan desapareciendo personas, otras mueren en la vía pública.
Antonieta ejemplificó el caso del joven músico Jorge Ignacio Cortaza, de 28 años, asesinado en la entrada del antro “La Cantinita de la Bartola” el 27 de enero, en la capital del estado, el mismo municipio donde levantaron a Guillermo y Arturo.
“No es nada más en los antros, es en todos las situaciones que tenemos, se nos presenta. Si vamos a salir a algún mandado, a un medicamento en la noche, tiene usted temor, es emergencia y tiene que salir. No es posible que a las diez de la noche no salgamos. La seguridad debe de existir, garantizarla el gobierno, el estado”.
Dos semanas antes del crimen de Jorge, en la puerta principal del antro, Luis Ángel Domínguez Márquez, empleado en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), su base era el Reclusorio de Pacho Viejo, murió por impactos de bala.
A Ángel lo levantaron con su primo y otra persona en la colonia Laureles, alrededor de las 13 horas con 20 minutos del sábado 13 de enero. Diez minutos después, lo ejecutaron sobre la avenida Lázaro Cárdenas, justo afuera de las instalaciones del Poder Judicial del Estado.
En menos de 24 horas del crimen, una camioneta fue abandonada con restos humanos de nueve personas en el área verde del fraccionamiento El Tejar, zona de alta plusvalía en la capital. Los cuerpos desmembrados lucieron semidesnudos, con una escoba y dos botellas de tequila.
“Ya no hay garantía para nadie, es ilógico que digan que deben andar a tales horas, es ilógico, debe haber seguridad. El estado nos debe garantizar la seguridad, no es posible que tengan a la ciudadanía viviendo en terror, en angustia tremenda”, criticó Antonieta, madre de Guillermo.
De acuerdo a la comparecencia del Fiscal General del Estado (FGE) de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, la dependencia a su cargo tiene registro de 685 personas localizadas con reporte de desaparición.
Además, de consumar 690 reuniones con colectivos o personas que buscan a sus familiares, de, donde se desprenden, 4 mil 200 diligencias acordadas.
“Si han resuelto casos, han sido recientes, los que tenemos con rezago de años anteriores no vemos avances. En concreto no hay nada. No tenemos avances, hay carpetas abiertas, hay entrevistas pero no hay avances, se viene arrastrando de años”, insistió Antonieta.
