Jaime GUERRERO | El Piñero
Oaxaca, México.- Soledad Hernández García, esposa del ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz, deslindó de esos hechos a sus hijos y denunció que padecen linchamiento mediático, amenazas y tentativa de secuestro.
Actualmente, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) conformó al Consejo de la Judicatura Federal que, existen dos ordenes de aprehensión contra Verra Carrizal y su hijo, del mismo nombre Juan Antonio.
En medio de la polémica, Hernández García, emitió una carta dirigida a la opinión pública en la asegura lamentar los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, en agravio de Maria Elena, a consecuencia de los cuales ya se encuentran dos personas presas vinculadas a proceso, por el delito de tentativa de feminicidio.
No obstante, reprocha que “se pretende incriminar a mi esposo y a mi familia”.
Por ello, en el escrito manifiesta que sus hijos y ella, lamentan con sinceridad y reprueban esos hechos, así como todos aquellos que dañan en su salud e integridad a las personas.
Sobre la imputación a su esposo, Hernández García, refirió que en su declaración del pasado 7 de octubre de 2019, en medios de comunicación, ha fijado su postura sobre esos hechos, negando su participación en los mismos.
Tras recordar que los delitos y las penas no deben sobrepasar de las personas que los cometan, como así lo establece la Constitución Federal y demás leyes secundarias, reprobó enérgicamente que por esos hechos, se lleven en contra de sus hijos, familiares y bienes, acciones de amenazas, tentativas de secuestro y un linchamiento mediático infundado.
La esposa del ex diputado del PRI, hoy prófugo de la justicia, reprochó que en muchos medios de comunicación escritos y electrónicos, “sin tener un conocimiento exacto de los mismos, porque al ser de naturaleza penal su información es reservada, se empezaron a hacer diferentes señalamientos en contra de mi esposo, los cuales marcaron y perjudicaron su fuente de trabajo, la cual no es sólo de él sino de varias familias ajenas y de las familias que han conformado nuestros hijos”.
De la misma forma, denunció que se hizo una convocatoria pública en redes sociales para tomar venganza, incitándose abiertamente a lanzar ácido o dañar de cualquier manera a los integrantes de su familia, “no obstante que no conocemos a la ofendida ni a las demás partes involucradas”.
Con el inició de esa campaña, refirió sus hijos y ella, notaran que diversas personas, al parecer policías, vigilan sus domicilios y los siguen a todas partes, se estacionan por tiempos prolongados en nuestros centros de trabajo, “y ocupantes de camionetas sospechosas pretendieron secuestrar a una de mis hijas”.
“Ya han transcurrido varios meses y estos acasos personales, familiares y a nuestros bienes aún continúan. Mis hijos y yo negamos categóricamente toda participación en los hechos, en cualquiera de sus formas”, recalcó.
Hernández García, aseguró que a su esposo se le está perjudicando injustamente por razones políticas y por otro tipo de intereses, así como por competencia desleal de quienes en tiempos recientes se decían sus amigos o sus socios, y ahora aprovechándose de las circunstancias obtienen grandes beneficios económicos y financiando a terceros para perjudicarlo.
Sin dar nombres, reveló que una ex socia de su esposo, alterando documentos se pretende apropiar de bienes de su conyugue y de su familia. Sospechó que puede tener relación directa con lo ocurrido a María Elena.
“Sabemos también que la esposa de un empresario del mismo giro comercial, por agravios de pareja, puede tener responsabilidad con lo ocurrido a la ofendida; pues ahora sin razón alguna ambas se ocultan o han desparecido”, propaló en la carta.
En tanto, refirió que en declaraciones hechas en procesos penales diversos y anteriores, la hermana de María Elena, sospecha de muchas personas y las nombra como las posibles sospechosas que les pueden causar un mal.
Pidió entonces, al Ministerio Público -por la obligación legal que le impone el Código Nacional de Procedimientos Penales- agotar todas estas líneas de investigación posibles sobre los hechos y no centrarse solamente en una.
La esposa de Vera Carrizal, afirmó que ella y sus hijos, están abiertos al diálogo ante cualquier persona y autoridad para hacer todas las aclaraciones necesarias, con las reservas de ley “y si por alguna acción u omisión de nuestra parte involuntariamente se dañó a alguna persona, tenemos la voluntad de solucionarlo”.
Sin embargo, exigieron “que ya se deje de causar todo acto de intimidación o molestia a nuestras personas y familias, pues también estamos en disposición de ejercitar las acciones legales correspondientes, hasta que nuestros derechos se respeten”, finaliza la carta.
