Jaime GUERRERO
El Gobierno de Oaxaca activó un protocolo de atención integral para brindar acompañamiento a un adolescente con discapacidad que fue víctima de agresión física por parte de compañeros al interior del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 25, en Salina Cruz.
El caso salió a la luz después de que circulara en redes sociales y medios de comunicación un video que muestra la agresión contra el estudiante, identificado con las iniciales J., quien es una persona de talla baja y con discapacidad.
Los hechos habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, y el material audiovisual fue grabado y difundido por otros estudiantes del plantel.
Protocolo de atención inmediata
Ante la gravedad de los hechos, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, en colaboración con el Consejo para los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado y con conocimiento del gobernador, implementó un protocolo de atención inmediata.
El caso continúa en investigación y las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del proceso legal y el bienestar del estudiante afectado.
Como primera medida, se solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca la apertura de una carpeta de investigación con perspectiva de discapacidad y derechos humanos, además de la emisión de medidas de protección para la víctima y su familia.
Las autoridades hicieron un llamado urgente a medios de comunicación y ciudadanía para evitar la reproducción del video y las imágenes del caso, advirtiendo que su difusión genera una doble victimización y afectaciones psicológicas al adolescente, quien ya ha sido expuesto en diversos portales y redes sociales.
Atención psicológica y legal
Como parte del acompañamiento integral, la familia del estudiante recibe atención psicológica especializada por parte de una profesional de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, así como asesoría y acompañamiento legal durante todo el proceso.
Aunque las personas que aparecen en el video también son menores de edad, las autoridades precisaron que el caso se atenderá conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, garantizando el derecho de la víctima a la justicia y a la reparación del daño.
Para este lunes está programada una reunión en las instalaciones del CBTis 25, en la que participarán autoridades educativas y personas involucradas.
El objetivo es establecer medidas de protección que permitan al estudiante continuar con sus estudios en un entorno seguro, además de definir acciones administrativas y preventivas para evitar nuevos casos de violencia.
Las autoridades estatales señalaron que este no es un caso aislado. Durante 2025 se brindó acompañamiento a otro caso de violencia física contra una persona menor de edad con discapacidad, lo que evidencia un patrón que requiere atención urgente.
Destacaron que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras para el ejercicio de sus derechos, especialmente barreras actitudinales como burlas, estigmatización y discriminación, que pueden escalar hasta convertirse en actos de violencia.
En este contexto, se solicitó el apoyo de los medios de comunicación para difundir la campaña iniciada en 2024 por el Consejo para los Derechos de las Personas con Discapacidad, orientada a sensibilizar a la sociedad y erradicar la discriminación, promoviendo el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad.
