Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Los casos de los funcionarios y ex gobernadores, ventilados en los medios de comunicación por incurrir en actos de corrupción, que podrían salir libres, es claro que pueden salir, porque en las administraciones públicas, los ámbitos de responsabilidad son diferentes, señaló el investigador del Centro Investigación Docencia Económica (CIDE), Jaime Hernández Colorado.
El especialista, cuestionó el seguir creyendo que se podrá meter a la cárcel a alguien, como el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y “achacarle” responsabilidades que no estaban en el ámbito de sus competencias. “Eso no es posible”.
Lo mismo, a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, entre otros ex gobernadores, Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo.
A su juicio, lo que se tiene que hacer es investigar las redes de corrupción. Hasta el momento, se tienen documentadas los casos de las investigaciones periodísticas tituladas “La Estafa Maestra”.
Hernández Colorado, destacó que en el caso del ex gobernador de Veracruz, probablemente se vio beneficiado por el comportamiento de esa red, pero la responsabilidad no fue directamente de él, si no de otros funcionarios que decidieron participare en esa red.
En tanto, dijo que el desaparecer el ramo 23, como propone la bancada de Morena en el Conggreso Federal, para erradicar los llamados “moches” y el uso discrecional de recursos, es necesario establecer el destino de esos recursos, y reglas para el nuevo esquema de operación.
De acuerdo con la definición oficial, el llamado Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas es “un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del gobierno gederal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades.
”Este instrumento es conocido como Provisiones salariales y económicas o Ramo 23, tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos. En total para 2017, la Cámara de Diputados aprobó $35,805.19 millones de pesos (35 mil 805 millones de pesos)”, que fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los estados y municipios firmando sólo un convenio para su transferencia.
Para Hernández Colorado, lo que se tiene que exigir como ciudadanos, no es que desaparezca el ramo, si no que se explique a dónde se va ir ese dinero y cuáles son las reglas, porque no se necesita desaparecer cosas, si no poner reglas claras y que funcionen bien, con decisiones transparentes en el ejercicio público.
