Felipe de Jesús Fernández Basilio/Desde a Janela

En todo el mundo hay gobernantes malos, en algunos lugares los hay más malos aún, pero en pocos lados hay gobernantes tan malos y cínicos como en Veracruz, estado que verdaderamente ha tenido una pésima racha de gobernantes nefastos y como ejemplo tenemos la seguidilla de gobernantes compuesta por Herrera, Duarte y ahora García, a Yunes no lo incluyo en esa lista porque su trabajo fue regular dando un poco de orden y de igual manera trató de recuperar el botín que sus antecesores se robó, aunque su gobierno deslució mucho debido a la ambición personal y familiar por el poder y porque se rodeó de puros personajes grises y serviles que no pudieran quitar brillo a sus vástagos más justo es decir también que en su gobierno no se observó una intención clara de dañar al estado como sí sucedió y sucede con los enumerados previamente.

Al dispendio financiero, a la criminalidad importada por Herrera y al saqueó desmedido de Duarte agregamos ahora el encubrimiento y la corrupción descarada de García, a los que sumamos la hipocresía y la mentira como forma habitual de conducirse en el actual gobierno veracruzano.

Porque ya nos quedó bien claro que no se va ni a seguir recuperando el dinero robado tan descaradamente al estado ni mucho menos se va a perseguir a quienes perpetraron ese atraco en contra de las arcas veracruzanas, así como también nos quedó claro que oficialmente no hay un contrapeso fuerte frente a un gobierno que está organizado para hacer todo lo contario a lo que es su función: gobernar.

El poder legislativo se encuentra dominado por una mayoría afín al gobierno del estado que lo único que hace es aprobar no solo las iniciativas, sino que también las trampas e ilegalidades que les envían de Palacio de Gobierno o quizás del Nacional.

El poder judicial tampoco es un contrapeso, porque sigue siendo tan servil como siempre lo ha sido con el gobierno en turno y lleno de magistrados que solo viven en un estado de confort con cargo al erario, cobran sueldos muy altos y la mayoría de ellos no trabaja en la impartición de justicia y es muy común verlos como floreros en foros, seminarios y cualquier evento público o académico, es decir son muy caros y no trabajan para lo que fueron contratados.

Los órganos autónomos tampoco sirven de contrapeso, debido a que son conducidos como meros instrumentos de ornato como sucede en la CEDH, la que opera de una manera muy similar a lo descrito en el caso de muchos magistrados o se encuentran ocupados por personas sumisas y sin perfil para el cargo o fueron descabezados ilegalmente como ocurrió con la fiscalía.

Y del gabinete del ejecutivo ya mejor ni hablamos, porque ahí se ve todo tipo de desaseos y corruptelas, siendo ejemplos de eso los contratos que se firman en casi todas las dependencias mediante una adjudicación directa, lo cual es el gran sinónimo de la corrupción, ya que con ese mecanismo se inhibe la libre competencia para favorecer a un solo proveedor, el cual generalmente es amigo de quien hace la convocatoria.

O bien tenemos el caso de los contratos celebrados entre las autoridades educativas y la empresa líder en el mercado de alimento chatarra en el país para que sus productos se vendan en exclusiva en las escuelas del estado, cuando la tendencia nacional e internacional es buscar la erradicación de ese tipo de alimentos en las escuelas y sustituirlos por alimentos sanos.

Pero lo que retrata completamente al actual gobernador y a su gobierno en general es la manera tan fría e indiferente con el que afrontan el mayor de todos los problemas que tenemos en el país: la inseguridad y uno de los derivados de la misma que son las desapariciones de personas ya sea por parte del crimen organizado, por las autoridades o bien por ambos.

Y sucede que tanto el gobernador como la encargada espuria de la fiscalía se negaron atender personalmente a los familiares de muchos desaparecidos en la zona centro del estado, poniendo como pretexto que solo iban a recibir a los familiares de los últimos desaparecidos y no a todos, ya que una de las muletillas del actual gobierno es que dan atención directa solo a los interesados y no a intermediarios, y como se congregaron más personas afectadas por esa desgracia mejor cerraron y acordonaron el edificio en el que se iban a reunir y pusieron pies en polvorosa por una puerta de servicio, dejando plantados a todos los que habían acudido de muy lejos para obtener una explicación o al menos una promesa de búsqueda.

Actuando de esa manera cuando el gobernador prometió hasta el cansancio que las desapariciones se iban a esclarecer y que iba personalmente a buscar una solución a ese problema más al no hacerlo primero le echó la culpa al fiscal que no era de su grupo político y ahora que tiene, aunque sea de forma espuria, a una incondicional mejor opta por no recibir a nadie para no dar ninguna explicación, que seguramente no tiene y salir huyendo por la puerta de atrás dejando plantados y burlados a los familiares de los desaparecidos.

Y si a eso le sumamos la pregonada austeridad republicana con baja de salarios de altos funcionarios públicos que en un año no ha hecho y la lucha contra la corrupción y el nepotismo, los cuales han sido fomentados por el mismo gobierno; bien se puede decir que García es un gobernador que defrauda y cuando se le complican las cosas mejor huye.

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Twitter: @FelipeFBasilio

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Durante 11 años ha sufrido abusos, incluso, frente a autoridades judiciales de Veracruz sin que el arquitecto xalapeño haya sido detenido

e-consulta.com/Isabel Ortega

Xalapa, Ver. – Amenazas de muerte, desprestigio, vandalismo y una probable complicidad de autoridades con su agresor, denunció Adriana Gil Mardoño, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Veracruz, quién durante 11 años ha sido víctima de violencia por parte de su exesposo, Antonio Selem Hurtado de Mendoza, incluso frente a autoridades en un recinto judicial de Veracruz, sin que a la fecha “alguien haya hecho algo”. 

“Dado los trágicos acontecimientos cometidos contra Raquel Padilla y Abril Pérez -víctimas de femicidio- es que hoy me veo en la necesidad de hacer pública mi situación”, lamenta la doctora a través de un video, que junto a un escrito ha hecho circular para evidenciar a su expareja, a la Fiscalía General de la República (FGR) y del Estado de Veracruz (FGE) por su inacción. 

Señala directamente al M.P. Rogelio Villalobos, adscrito a la FGR en Veracruz, por intentar desacreditar su labor como investigadora, a la M.P. Andrea Jahel González quién por meses se ha negado a aceptar datos de prueba en contra de su agresor y a la diputada Ana Miriam Ferraez, quién le permitió a Antonio Hurtado exhibir a Adriana Gil en un simposio por negarle ver a la hija de ambos.  

Los abusos y maltratos que ella denuncia públicamente provenientes del aquitecto xalapeño, donde asegura que teme por su vida, comenzaron desde hace 11 años, su agresor, expone, se ha valido de todos los medios posibles para insultarla, así lo revela el texto que evidencia algunos de los correos recibidos. 

“Obsérvate bien: ególatra narcisa, pretendes ser artista, crees que luces impecables, ¿te gustas? Eres carne vieja de mala calidad, llena de problemas que arrastra un hijo cuadripléjico y una fama pública desprestigiada. A ver quién quiere meter las manos por ti. No puedes ofrecer ser pareja porque no lo eres. No puedes ofrecer ni siquiera buen sexo. Tu destino es la nada y el de tu familia es peor.”

El calvario de Adriana Gil inició en 2009, en Houston Texas donde el hijo de ella con su anterior matrimonio se mantenía hospitalizado luego que una negligencia médica lo dejara cuadripléjico. 

 “Ambicionaba (su entonces esposo) una casa de lujo en Houston y un avión privado” relata la mujer en la misiva; por lo que mientras ella intentaba llevar a su hijo a rehabilitación, él buscaba “mantenerlo como rehén” en el hospital para obtener así el dinero que buscaba. 

Dos años más tarde, al llegar a un acuerdo con el hospital y trasladar a su hijo a un centro de rehabilitación, Adriana Gil conoció la otra cara de Antonio Hurtado “se enfureció como nunca antes” y a través de emails desacreditó a la investigadora del INAH frente a las autoridades del hospital.

Los próximos años, Gil Moroño “sin fuerzas para divorciarse” explica que se dedicó a sus hijos y a las investigaciones sobre historia de Veracruz, trabajos inspirados en el profundo dolor que padecía ante la situación de su hijo y la que enfrentaba “cuando conocí el verdadero rostro del monstruo con quien me había casado.” 

Fue hasta 2016 que solicitó el divorcio, pues asegura que, aunque el hombre que continúa libre pasaba largas temporada alejado de ella, “cuando estaba conmigo abusaba emocional y psicológicamente de mí.”

Ahí iniciaron las vejaciones peores. Al enterarse Antonio Selem que ella le pedía el divorcio la saco de su casa, la persiguió e insultó en público. La amenazó con matarla a ella, a su papá, a su hermana y a sus sobrinos. Adriana Gil fue auxiliada por la policía mientras lloraba en la calle. El agresor robó su visa y la de sus hijos.

Al llegar la orden de restricción en contra de Hurtado de Mendoza, enfurecido la dejó “en el frío de la noche” a ella, a su hijo en silla de ruedas aún convaleciente y a la hija de ambos de apenas nueve años. 

En 2017 Antonio Hurtado fue detenido por fraude y liberado más tarde, en el tiempo que permaneció privado de la libertad, la investigadora del INAH cuenta que mandó a vandalizar la casa en la que vivían y buscaba vender: pintó paredes, robó mobiliario, e intimidó a los agentes inmobiliarios para impedir la venta. 

Durante el proceso de divorcio, Adriana Gil recibió un mensaje en el cual su ahora exesposo la amenazó nuevamente. “Dijo que dedicaría su vida a destruirme”. 

Promesa que, según relata Gil Maroño, intentó cumplir. Hablaba mal de ella a la hija de ambos, amenazó a la nana de la niña. En la graduación de la menor mandó emails a padres de familia y autoridades de la escuela hablando “bajezas” de ella y su profesión. 

En 2019 los abusos continúan, Selem Hurtado de Mendoza acudió a las instalaciones del INAH, de manera violenta, asegura que la acusó de “aviadora” con el delegado. 

El agresor, también violentó a la hija de ambos en redes sociales con el siguiente mensaje. 

“Vamos al registro civil y solicitas te cambien el apellido. ¡Eso es posible! ¡Así no tienes que esconderlo! (…) Me desilusiona y defrauda que estés influenciada por quienes buscan separarnos y te quites el apellido. Deberías estar más que orgullosa de tenerlo y al que le debes todo lo que eres. Pero si a ti te estorba, no le pongas S, simplemente quítatelo y se acabó.”

El pasado 22 de octubre, en una audiencia celebrada en el Juzgado 10º Familiar Adriana Gil se enteró que Hurtado de Mendoza había denunciado a la Juez del caso, en medio de los protocolos de la audiencia el hombre inició a agredir verbalmente a Gil Moroño y a sus abogados. 

“Te voy a madrear” gritó Antonio Hurtado a la defensa, “y a ti también” señalándola. Perpleja, relató que ningún servidor público intervino, “demostrándose así que incluso en instalaciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz las agresiones en mi contra son realizadas sin que alguien pueda ponerle un alto a este sujeto.”

“Has construido una cárcel de mentiras y te morirás con ellas (…) Parece que prefieres la guerra. Las guerras pueden durar muchos años o terminarlas como la 2ª. Guerra Mundial ‘de un bombazo’” dice un e-mail enviado por Antonio Hurtado a Adriana Gil, quién asegura, al igual que Abril Pérez antes de morir, “temo por mi vida”.

Aquí el documento completo. 

https://es.scribd.com/document/438276836/Hago-Responsable-Antonio-Selem-de-Mi-Integridad-1#fullscreen&from_embed

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Los 2 mil 470 gobiernos municipales que existen a nivel nacional no están distribuidos equitativamente entre mujeres y hombres. Las cifras oficiales indican que por cada ocho presidentes municipales hay dos presidentas municipales.

En la Ciudad de México, la cuarta parte de las alcaldías tiene a una mujer al mando. Sin embargo, sólo en Baja California, Baja California Sur, Tabasco, Tamaulipas y Sonora existen niveles adecuados de paridad de género en gobiernos municipales (entre cuatro y seis mujeres por cada 10 cargos), con base en las proporciones legales más aceptadas a nivel internacional.

Efrén Flores

Ciudad de México (SinEmbargo).- Dos de cada 10 municipios en México son gobernados por una mujer. Aunque la ley vigente respalda la paridad de género, “la participación de las mujeres sigue siendo muy limitada en el ámbito local” mexicano, de acuerdo con ONU Mujeres (2017).

Sin considerar 92 municipios en que no hay registro del sexo del representante político, el país cuenta con 559 presidentas municipales, en comparación con 1 mil 819 presidentes municipales, indican datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM).

La mayor parte (95.3 por ciento) de las presidentas municipales fue electa bajo el sistema tradicional de partidos políticos. En total hay 533 funcionarias públicas locales abanderadas por alguna organización o coalición políticas, además de 22 electas por usos y costumbres (sistema normativo indígena), así como cuatro que llegaron al cargo de manera independiente.

Tanto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos cuatro, 25 y 78) como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículos 16 y 17) establecen que todos los niveles de gobierno –incluidos los municipios– están obligados a “fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres”.

Para ello existen mecanismos que promueven la paridad de género.

Por un lado, los partidos políticos tienen que destinar el dos por ciento de su financiamiento público anual ordinario “para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres” (COFIPE, Artículo 78, fracción V).

En lo que respecta a los comicios para diputaciones federales y senadurías, las candidaturas de partidos y coaliciones “deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad” (COFIPE, artículos 219 y 220).

A pesar de que estas disposiciones promueven el derecho a la participación de las mujeres en la vida política de México, las leyes vigentes “aún están lejos de garantizar de facto dicho derecho en condiciones de igualdad y no discriminación”, refiere ONU Mujeres en su informe “Participación Política de las Mujeres en México”.

Además de los límites legales, que no implican mecanismos iguales en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y en la elección de los distintos cargos públicos (como congresos locales y ayuntamientos), en México no existen medidas que garanticen el cumplimiento cabal de la normatividad vigente.

Por ejemplo, en 2009, tuvo lugar el fenómeno de las llamadas “Juanitas”; un grupo de diputadas federales electas en cumplimiento de la ley de paridad de género, que buscó renunciar a su cargo para ceder las curules a políticos del sexo masculino.

Durante la primera sesión de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 11 diputadas –cuatro del PRI, cuatro de PVEM, dos del PRD y una del PT– solicitaron licencia para abandonar sus respectivas diputaciones y dejar a cargo a los suplentes.

Debido a la falta de justificación de las renuncias y a la particularidad del caso –11 mujeres sustituidas por 11 hombres–, el Tribunal Electoral de la Federación inició investigaciones y determinó una medida legal para evitar que el caso de las “Juanitas” se repita: homologar el sexo de los suplentes con el sexo del titular del escaño.

Aunque el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular se ve afectado (positiva o negativamente) por las características de la legislación electoral de cada entidad federativa, ONU Mujeres indica que existen algunos estados que “han superado al COFIPE en cuanto a garantizar el derecho de las mujeres a ser electas, estableciendo la paridad en la confección de las listas”.

Hasta octubre de 2013 –salvo por Nuevo León– las entidades federativas contaron con legislación de paridad de género para diputaciones locales, con variaciones en la proporción obligatoria de candidatos propietarios de un mismo género.

IGUALDAD EN LOS ESTADOS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó en noviembre de este año un “Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. La propuesta radica en acabar con el machismo y fortalecer la paridad de género en la vida pública y privada de México.

Durante la celebración de dicho acuerdo, AMLO se comprometió a reforzar la igualdad de género en las designaciones de cargos públicos, por lo que mencionó que la próxima terna para cubrir vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada por mujeres.

Lo anterior cobra especial relevancia considerando que en los siguientes tres años habrá elecciones en 2 mil 053 municipios, o en el 83 por ciento de las localidades en todo el territorio nacional.

El 7 de junio de 2020 habrán elecciones en los 84 municipios de Hidalgo. En el año 2021 tendrán que renovarse 1 mil 930 ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. Asimismo en 2022, el estado de Durango renovará los gobiernos de sus 39 municipios.

De cumplirse la promesa del Presidente AMLO, la incidencia de mujeres en cargos públicos –que avanzó en los últimos cuatro años– deberá ir al alza.

Las cifras del SNIM indican que el 31.6 por ciento de los gobiernos municipales vigentes, que empezaron a operar a partir de 2019 (137 de 434), está a cargo de una mujer. Esta proporción es superior a la observada en 2018 (25.6 por ciento), 2017 (7.9 por ciento) y 2016 (20.5 por ciento).

En la actualidad, el estado con mayor índice de paridad de género en gobiernos municipales es Baja California, donde el 60 por ciento de los municipios (tres de cinco) es gobernado por una mujer. Le siguen Tabasco (41.2 por ciento), Sonora (40.3 por ciento), Baja California Sur (40 por ciento) y Tamaulipas (39.5 por ciento).

La entidad federativa con menor índice de participación de mujeres es Tlaxcala, donde el 10 por ciento de los municipios (seis de 54) es gobernado por una mujer.

En la lista de los estados con menor paridad de género municipal están Oaxaca (15.1 por ciento), Morelos y Aguascalientes (18.2 por ciento cada uno), así como Nuevo León (19.6 por ciento).

La Ciudad de México, por su parte, tiene niveles cercanos a la media nacional. En la capital del país, la cuarta parte de las alcaldías (cuatro de 16) está a cargo de una mujer: Clara Marina Brugada Molina (Iztapalapa), Layda Elena Sansores San Román (Álvaro Obregón), Patricia Elena Aceves Pastrana (Tlalpan) y Patricia Ximena Ortiz Couturier (La Magdalena Contreras).

EL APOYO PARTIDARIO

Aunque la legislación vigente no obliga a los partidos y coaliciones a implementar mecanismos electorales de paridad de género en todo tipo de elecciones, existen organizaciones con mayores índices de igualdad en gobiernos municipales, que la mayoría.

Los datos del SNIM indican que el Partido Socialdemócrata (PSD) de Morelos tiene la mayor proporción de mujeres, entre las siete presidencias municipales que visten sus colores; de modo que el 42.9 por ciento de sus gobiernos locales es encabezado por una mujer.

Le siguen los partidos Mover a Chiapas (PMACH) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con una participación de mujeres de 38.5 y 30.5 por ciento, respectivamente.

Entre los partidos con registro nacional y con mayores niveles de paridad –además de Morena– están el PRD (29.7 por ciento), PAN (29.3 por ciento), PRI (28.9 por ciento), PT (20 por ciento) y MC (19.4 por ciento).

En promedio, dos de cada 10 presidencias municipales (o el 24.5 por ciento) ligadas a partidos políticos nacionales –Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y MC– están encabezadas por una mujer. Dicha proporción es superior a la observada en las candidaturas independientes (8.6 por ciento) y en los sistemas de usos y costumbres (6.5 por ciento) aplicados en 425 municipios a nivel nacional.

En cambio, las proporciones de más desigualdad fueron observables en partidos sin registro a nivel nacional. Entre ellos destacan los casos de los partidos Encuentro Social (ninguna mujer en sus 22 municipios) y Nueva Alianza (seis mujeres de 80 presidencias municipales).

Sobre las coaliciones, los datos oficiales dibujan un escenario diferente al de los partidos con y sin registro nacional.

Las coaliciones políticas del PRI (cinco de cada 10 cargos) y del PAN (tres de cada 10) son las que más proporción de mujeres tienen, en los gobiernos municipales que abanderan. Le siguen las coaliciones de Morena y del PRD (dos de cada 10, respectivamente).

Sin embargo, aquellas coaliciones entre el PAN y el PRD tienen un nivel superior (25.1 por ciento de los cargos) a las de Morena (24.8 por ciento) y a las del PRD con otros partidos (19 por ciento).

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