Redacción El Piñero/Corresponsalía
Oaxaca, México.- Los pasados 11 y 12 de octubre se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”, donde participaron 52 comunidades que expusieron 22 casos de afectaciones provocadas por la minería en siete regiones de la entidad, Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Mixteca, Cañada e Istmo.
El día de hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, estas comunidades, pueblos y organizaciones, exigieron al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tome en cuenta el dictamen final emitido en este juicio, el cual fue elaborado por expertas y expertos internacionales en el tema.
El dictamen está basado en la evidencia presentada sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles en ecosistemas, contaminación de ríos fractura del tejido social y la criminalización de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios.
Por estas razones exigen a AMLO que se atienda a cabalidad el dictamen final, en este sentido se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos vigentes en Oaxaca, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, violándose su derecho a la libre determinación y autonomía de su integridad cultural, administrar y controlar sus territorios.
Otro petición es que se suspenda de forma inmediata la entrega de títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la constitución, además de la erogación de la actual ley minera.
Asimismo, piden que se garantice a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad; que se detenga la política de criminalización de la protesta social, en este contexto, castigar a los responsables de los asesinatos y presentación con vida de manera inmediata de las personas desaparecidas.
Por último, exigieron que se cree un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas; y que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al estado mexicano.
