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Citlalli López Velázquez/CIMACNOTICIAS

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2 de septiembre – Al exigir justicia para las 126 mujeres asesinadas durante el estado de emergencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) declarado en 2018 en Oaxaca, organizaciones feministas señalaron que el mecanismo ha fracasado por la aplicación omisa y deficiente de las instancias de gobierno.

“La Alerta de Género sí sirve, los que no sirven son los gobernantes. Fue una medida empujada por las organizaciones de mujeres en donde se trabajó profundamente, seriamente. Decir a estas alturas que no sirve la Alerta, es querer justificarse, los que no sirven son ellos porque no están aplicando las medidas que ahí se señalan”, la integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Pilar Muriedas, en rueda de prensa realizada de manera conjunta con el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) el pasado 30 de agosto.

Durante el acto realizado sobre el andador turístico frente a Santo Domingo, las mujeres colocaron 126 máscaras representando a cada una de las víctimas de feminicidio cometido desde el 30 de agosto de 2018 al 30 de agosto de este año, lapso en el que ha estado decretada la AVG en Oaxaca por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Ataviadas de negro, las mujeres portaron en mano flores principalmente blancas y corazones de cartón en donde se leían todos y cada uno de los nombres de las mujeres a quienes les arrebataron la vida desde el decreto de AVG, como Juliana M.O., Edith L M, Juana M, Felipa N, por citar algunas.

Durante la rueda de prensa, en voz de la directora del GESMujer, Angélica Ayala, demandaron a los tres niveles de gobierno, así como a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, hacer público el presupuesto destinado para la implementación de la Alerta, de la misma manera exigieron un informe detallado de cada una de las acciones

Además, pidieron que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, convoque a las 40 autoridades municipales de los puntos considerados dentro de la Alerta de Violencia para articular acciones; que las instancias que recibieron los fondos de la Conavim hagan un informe público sobre la aplicación de los más de 12 millones asignados a Oaxaca y los resultados de dicha ejecución.

De igual manera que el poder Legislativo del estado de Oaxaca haga una revisión exhaustiva del ejercicio de los recursos asignados en la materia en el marco de la revisión de la Cuenta Pública, y a propósito de la aprobación del presupuesto de egresos del siguiente año se etiqueten recursos que puedan ser auditados. Incluso demandaron la renuncia de las y los funcionarios que no han dado resultados.

“Las instituciones responsables de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, debiendo velar por la seguridad, pero la omisión ha dado paso a la impunidad que rompe el tejido y la estabilidad social, el Estado ha fallado”, denunciaron.

En este sentido manifestaron que lo que ha prevalecido es la simulación y el incumplimiento a las acciones de emergencia que fueron mandatadas para actuar frente a la violencia de género, estableciendo medidas de seguridad, de justicia y reparación del daño. 

Tomada de: https://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/exigen-justicia-para-126-mujeres-asesinadas-durante-estado-de-emergencia

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Derechos Humanos

Oaxaca, entre los 9 estados con mayor número de mujeres criminalizadas por aborto

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Citlalli López Velázquez/CimacNoticias

Oaxaca de Juárez, Oaxaca- Esta entidad con mayor cantidad de mujeres en condición de pobreza y marginación, forma parte de los 9 estados del país con mayor número de criminalizadas por haber interrumpido sus embarazos. 

Será el próximo miércoles cuando la 64 Legislatura de Oaxaca, debata ante el pleno la iniciativa de reforma al artículo 12 constitucional que modificaría la protección de la vida, actualmente considerado desde el momento de la concepción, por: “a partir el momento del nacimiento”, hecho que abre la puerta a la despenalización del aborto. 

La revisión hecha a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que de enero a agosto de 2019, fueron registrados 427 abortos como delitos, los cuales se concentran en la Ciudad de México con 93 casos, Estado de México con 80 casos, Baja California con 39, Tamaulipas con 28, Querétaro 11, Michoacán con 10, y Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo con 9 cada uno. En total, sólo esas 9 entidades concentran 66.51 por ciento de los “delitos por aborto” registrados de dicho lapso.

El informe “Maternidad o castigo, Criminalización del Aborto en México”, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explica que generalmente el patrón común en las denuncias es contra niñas y mujeres que llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución y, ahí, son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud, trabajadoras sociales o por sus familiares y conocidos. 

“El ministerio público responde generalmente de inmediato, acudiendo a interrogar a las mujeres en las mismas camillas de hospital. En muchas ocasiones, los casos se basan exclusivamente en confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas”, apunta.

Parte de los procesos penales -agrega-  culminan en sentencias condenatorias, como son la cárcel, privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”. 

GIRE agrega en sus conclusiones tras un análisis a distintos casos, que “el hecho mismo de enfrentar un proceso penal por aborto, sin importar el sentido de la sentencia, puede tener consecuencias permanentes en la vida de las personas denunciadas, su familia y la relación con su comunidad. Son de destacar también los casos en los que las mujeres son acusadas de otros delitos con penas más severas, como el infanticidio y el homicidio en razón de parentesco, ante situaciones de aborto o partos fortuitos”.

Mujeres privadas de su libertad

De acuerdo con datos de la misma asociacion, de enero de 2007  a diciembre de 2016, dos mujeres estuvieron en prisión definitiva, sin embargo la entidad no proporcionó datos del número de las que estuvieron en prisión preventiva. 

Otras cifras obtenidos a través de Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, realizado por el Instituto Nacional de Estadìstica y Geografía (Inegi), detalla que en 2015 Oaxaca se ubicó como el punto con el mayor número de mujeres encarceladas por abortar. De las 24 en ese año, 6 estuvieron presas en penales de Oaxaca. El censo mismo señala que en 2016 fue una mujer encarcelada y en 2017 no hubo ninguna.

En México, agrega GIRE, las mujeres son también acusadas de delitos como infanticidio u homicidio calificado, ante situaciones de abortos o partos fortuitos. 

“Las mujeres criminalizadas por estos delitos provienen de contextos similares a quienes son criminalizadas por el delito de aborto: situaciones económicas precarias, falta de acceso a servicios de salud, situaciones de violencia sexual, familiar e institucional”, apunta.

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Derechos Humanos

Asaltan a integrantes del grupo 8 de Marzo, en el Istmo

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Patricia Briseño/SEMMÉXICO

Oaxaca, 6 septiembre 2019.-  El “Grupo de Mujeres 8 de Marzo” denunció que tres de sus integrantes fueron víctimas de un presunto asalto a mano armada, cerca de la sede de esta asociación en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Las defensoras de los derechos humanos de las mujeres fueron despojadas de sus pertenencias e información sensible relacionada con los casos que atienden en el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Istmeña CAAMI, único albergue para las mujeres violentadas en el estado, informó Natalia Xicarú Torres González.

A propósito de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, Torres González detalló en rueda de prensa que el asalto a mano armada ocurrió el martes 3 de septiembre, en la Segunda Sección de Juchitán, alrededor de las cuatro de la tarde.

“Los supuestos asaltantes se llevaron documentos relacionado con la defensa de las mujeres, así como seguimiento de algunos casos”, detalló. Por estos hechos la representación legal del colectivo presentó la denuncia en la Vicefiscalía General de la región del Istmo, institución que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Torres González lamentó que la violencia sea parte del nuevo rostro de la región, actualmente, agregó, “el Istmo es uno de los lugares más inseguros para las mujeres, donde cada día ocurren homicidios, feminicidios, asaltos, secuestros, todo ello con altos niveles de violencia y sin obtener respuestas de las instituciones de procuración de justicia”.

Acompañada por las fundadoras del colectivo, además de personal del CAAMI y feministas adherentes, la activista mencionó que, en este año, en el estado de Oaxaca, el 33 por ciento de los feminicidios han ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

Feminicidio aumenta, AVG sin programa

Consideró que la violencia estructural y los niveles de violencia han ido en aumento, “la saña y el odio con el que son asesinadas las mujeres y niñas quienes han presentado un registro de agresiones donde se mezclan violaciones, golpes, heridas y privación de su libertad”.

A pesar de la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado y en 40 municipios, entre ellos Juchitán, no se cuenta con un programa específico, políticas públicas que garanticen la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres.

Será que ¿no les ha importado la vida de las mujeres y las niñas?, preguntó.

Las integrantes del Grupo de Mujeres 8 de Marzo recordaron a la Mujer Indígena y el 153 aniversario de la Gesta Heroica de los Juchitecos y Juchitecas contra los franceses en 1866; acompañadas de mujeres de la Alianza Simona Robles ofrecieron una ofrenda floral en el Monumento a las Heroínas y Héroes de Juchitán.

Tomada de: https://www.semmexico.mx/?p=11614

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Derechos Humanos

La conflictividad agraria en el estado de Oaxaca

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Efrain Solano Alinarez

**El estado de Oaxaca tiene una superficie de 9 millones 536 mil 400 hectáreas. **7 millones, 784 mil 695 corresponden al régimen de propiedad comunal y ejidal; el resto a la propiedad privada. ** Oaxaca con cerca de 400 Conflictos agrarios.  **Durante los 2 primeros años de Alejandro Murat, 60 muertos victimas de la violencia por los conflictos agrarios.

LOS CONFLICTOS AGRARIOS EN OAXACA, FUENTE GENERADORA DE VIOLENCIA E INGOBERNABILIDAD.

La reciente gira del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al estado de Oaxaca fue el marco para la manifestación de descontentos de diversos sectores sociales, algunos por añejos problemas no atendidos debidamente. De esta manera se manifestaron desde sindicatos, trabajadores de la educación y comunidades indígenas. Así sucedió en la Sierra Mixe, en donde por un añejo problema entre Tamazulapan del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla el presidente López Obrador tuvo que exhortar al gobernador Alejandro Murat a trasladarse personalmente a la zona del conflicto para atender el problema. 
En el estado de Oaxaca se tienen registrados poco más 400 conflictos agrarios, localizados fundamentalmente en las regiones de Valles Centrales, la Mixteca y la Sierra Sur, mismos que han provocado múltiples enfrentamientos y baños de sangre.
En este marco escribo estas líneas y las actualizo ya que fue un documento base que se presenté en el foro por la paz en octubre del 2018, en vísperas de la toma de posesión del presidente de la Republica.

EL TERRITORIO OAXAQUEÑO POR REGIMEN DE PROPIEDAD

A la entidad oaxaqueña se le reconoce una superficie total de 9 millones 536 mil 400 hectáreas, de las cuales 7 millones, 784 mil 695 corresponden al régimen de la propiedad social o tierras comunales o ejidales y solo 1 millón 751 mil 705 hectáreas conformarían la superficie de propiedad privada, cifra que en los hechos es menor porque en ella se incluyen tierras en proceso de reconocimiento y titulación de bienes comunales e infraestructura.
Como se deduce, el 81.3 % del territorio estatal se encuentra bajo el régimen ejidal o comunal y solo el 18.37 puede catalogarse como propiedad privada, hecho que explica la permanente conflictividad que se manifiesta en el Estado de Oaxaca, motivada generalmente por la defensa del territorio, toda vez que dicha propiedad social se encuentra acreditada a favor de 1 588 núcleos agrarios, en donde 853 son ejidos y 735 son comunidades agrarias.
Otro dato importante que resaltar es la población total del estado de Oaxaca: de 3 millones 801 mil 962 habitantes, en donde 2 millones 335 322 son mayores de 18 años, solamente 394 mil 652 se encuentran registrados legalmente como ejidatarios o comuneros, pero de ellos mas o menos un cincuenta por ciento se trata de personas fallecidas, hecho que resalta la grave situación que prevalece en el territorio oaxaqueño.
Los datos anteriores nos indican que el ´régimen de propiedad colectiva y la existencia de pueblos indígenas son el primer reto a resolver en los conflictos en el territorio oaxaqueño.

¿Por qué surgen los conflictos agrarios? 
En la composición pluricultural y pluriétnica de Oaxaca, el territorio forma parte de la identidad de una población; sin embargo, en el momento de clarificar los derechos de propiedad los miembros de una comunidad no logran diferenciar los tres tipos de propiedad, los criterios excluyentes entre los mismos, ni los límites técnico jurídicos que prevalecen sobre las pretensiones históricas, de tal forma que son constantes las agresiones entre pueblos que culminan con derramamiento de sangre y registro de muertes por la defensa de la tierra.

Otra de las razones del surgimiento de los conflictos es la contradicción de derechos que se manifiesta en la lucha de quienes habiendo perdido o no haber logrado acreditar el derecho que reclaman, buscan con sus títulos primordiales acreditar las tierras que pretenden.
Asimismo, a lo largo de la historia, en el proceso del reparto de tierras hubo un crecimiento desordenado de los asentamientos humanos, propiciando que las líneas de colindancia fueran surgiendo asentamientos en donde el territorio ejidal o comunal, no correspondía administrativamente al mismo municipio del núcleo propietario de las tierras. En el caso de parcelas sobran casos en donde se ha pretendido modificar la línea de colindancia para que las posesiones correspondan al lugar de origen del poseedor. 
Aunque son menores los casos, la configuración de los núcleos agrarios requiere poner especial atención en casos como Zimatlán de Lázaro Cárdenas, que exige la división del ejido San Sebastián Nopalera, hecho que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que, de acuerdo a la Ley Agraria, es una competencia exclusiva de la asamblea de ejidatarios y, en su caso, de los Tribunales Agrarios. 
Uno de los problemas más álgidos es cuando se enfrentan quienes se ostentan como pequeños propietarios con los comuneros que se amparan con su Resolución Presidencial, como es el caso de Los Chimalapas.
En los últimos años se ha acentuado la inconformidad de decenas de comunidades y organizaciones indígenas, sobre todo de la región del Istmo por la presencia del capital extranjero que mediante maniobras poco claras y con la complicidad del Estado han logrado la concesión de grandes extensiones de territorio y suscritos convenios ventajosos para ellos dejando en la indefensión a los verdaderos dueños de las tierras. Un claro ejemplo de estos atropellos son los grandes negocios desarrollados por empresas eólicas españolas en la región del Istmo y empresas mineras canadienses en el Valle de Oaxaca, la Sierra Sur y la Mixteca, entre otras regiones. La falta de transparencia en los convenios, la corrupción de algunas autoridades municipales y las consultas a modo implementadas por autoridades del gobierno del estado han generado contradicciones con los órganos de representación de los núcleos agrarios o al interior de los ejidos o comunidades. 
Debe también llamarse la atención sobre el papel que han jugado y un sector de organizaciones sociales, sobre todo las clientelares-partidistas, que por décadas han traducido sus liderazgos o asesorías en grandes oportunidades para trastocar las justas demandas de los pueblos indígenas y comunidades agrarias.
Otro factor que explica la manifestación de los conflictos se encuentra en las contradicciones internas entre los grupos de poder y la falta de coordinación entre las tres instancias de gobierno que “olvidan” la corresponsabilidad institucional que debe existir en la integración de lo que debe ser el Estado Mexicano. Así, y defendiendo posturas ideológicas, no solo se obstaculizan las acciones que uno u otro realiza, sino también aprovechan la incertidumbre que genera la tenencia de la tierra para promover movilizaciones, cuyo objetivo es promocionar, destacar, hacer visible o en su caso, fastidiar, exhibir o desacreditar al “contrario político” (partido, grupo o persona) y de paso obtener recursos para mantener la perversidad del llamado “juego político”. Aplica bien en esto caso la frase “el conflicto agrario se administra, no se resuelve”. 
Para lograr desactivar esta inercia se requiere romper con la pasividad, ineficacia y perversidad política de los gobiernos federal y estatal para integrar la fuerza del Estado en una sola dirección: la gobernabilidad. Desde luego no es fácil, porque muchos funcionarios públicos de actúan en relación al costo-beneficio político de sus acciones y de ello personalmente hemos tenido muchas y muy malas experiencias. 
Estadísticas.
Sólo anoto cinco conflictos donde destaca la zozobra en que viven estas comunidades como resultado de los conflictos en la tenencia de la tierra:
1.- San Sebastián Nopalera contra Zimatlán de Lázaro Cárdenas
2.-Santa María del Mar con San Mateo del Mar
3.-San Mateo Yucutindoó contra Santiago Amoltepec
4.-San Francisco del Mar contra San Francisco Ixhuatán
5.-Los Chimalapas contra los ganaderos y talamontes
En cuanto a la gravedad y números de conflictos las cifras oficiales varían dependiendo si son estadísticas del gobierno estatal o federal. Los registros de las dependencias del sector agrario nos dicen que el número de conflictos sobrepasa los 400 en nuestro estado, 30 de ellos como focos rojos.

LOS MUERTOS Y HERIDOS.
En cuanto a los muertos y desaparecidos en una revisión exhaustiva que hicimos en la hemeroteca encontramos los siguientes datos en lo que va de esta administración estatal:

ENERO 2017

Debido al conflicto agrario entre Santa María del Mar y San Mateo del Mar. 
3 muertos: 
1.- Fráncico Miraflor 35 años
2. Alfredo Catillo 45 años.
3.- Ramiro Pérez Rivera 27 años.

Paso Ancho, Sola De Vega y San Vicente Coatlán, Ejutla.
1 herido.
1.-Ezequiel A.G. Policía Estatal.

Conflicto interno entre pobladores de Guadalupe Victoria, Agencia de San Juan Juquila. 7 de enero.
800 habitantes desplazados 
1 muerto.

FEBRERO 2017

San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
1 desaparecido
3 heridos.

Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec.
1 muerto
1.-Hilario Cruz Matus 60 años, originario de San pedro Mixtepec.

Oaxaca Santa María Chimalapa y Chiapas- Cintalapa
9 muertos chiapanecos.

MARZO 2017

San Francisco del Mar, Pueblo viejo conflicto interno por proyecto de eólicas. 
1 herido 
1.-Humberto Adres Salinas.

ABRIL 2017

Santiago Lachivía agencia de San Carlos Yautepec y San Pedro Mártir Quiechapa 
5 muertos de Quiechapa.
8 heridos de Quiechapa.

JUNIO 2017
Lunes 5 de junio San Palo Ayutla y Tamazulapam de Espíritu Santo.
1 muerto.
6 heridos.

San Mateo Sindihui y san Francisco Cahuacua 29 de junio. 
1 muerto
1.- Dimitrio Jaime Martínez Benítez, edil de Sindihui.

San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
1 muerto. 
1.-Felipe Sánchez Bautista de Zimatlán

DICIEMBRE 2017
San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
1 desaparecido. 
1.-Benito Hernández Jiménez 29 años de San Sebastián Nopalera.

Diciembre 17 San Pedro Cajonos y San Miguel Cajonos.
2 muertos 
1.-Daniel Bautista Cruz.
1.-Pablo Santiago González 32 años.
Ambos originarios de San Pedro Cajonos.

Diciembre 27 San Pedro Cajonos y San Miguel Cajonos.
2 muertos
1.-Daniel Bautista Cruz 23 años.
2.-Pablo Santiago González 35
1 herido
1.-Wilfrido “N”

2 desparecidos.
1.-Álvaro Reyes Cruz. Comisariado de San Miguel Cajonos 
2.-Federico cruz.
Retenidos
Abram Luna, Epifanio Meléndez, Romeo Ruiz de San Pedro Cajonos.

FEBRERO 2018

22 de febrero San Mateo Yucutindoó, Santiago Amoltepec. 
1 muerto. 
1.-Clemente Cervantes 22 años originario de San Mateo Yucutindoó.

17 de febrero San Mateo Yucutindoó, Santiago Amoltepec.
2 muertos 
1.-Raymundo J.H. 46 años
2.-Antonio J.C. a
Ambos originario de Barranca Honda Santiago Amoltepec.

22 de Febrero Rancho Viejo, sola de Vega y San Vicente Coatlán, Ejutla. 
1 muerto
1.- Uriel 10 años 
2.- heridos
1.-Juan 22 años
2.-Jose Luis 16 años

27 de febrero Cieneguilla, San Juan Quiahije y San José Ixtapan, Santa Catarina Juquila. 
1 muerto 
1.-Francisco Cruz, originario de San Juan Quiahije.

ABRIL 2018

San Dionicio del Mar conflicto interno habitantes y autoridad municipal, por proyecto eólico.
5 heridos 
1.-Teodosio G.G 43 años
2.-Luis Daniel A.M 16 años
3.-José de Jesús G.M 18 años
4.-Oswaldo T.E. 19 años
5.-Daniel M.R 36 años.

25 de Abril San Pablo Cuatro Venados, Zaachila y Vicente Guerrero.
1 muerto
1.-Tiburcio Morales 65 años
2 heridos
1.-Fidencio Ramírez.
2.-Emilio Vásquez.

MAYO 2018

San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
1 desaparecido. 
1.-Fernando Bautista Sánchez de San Sebastián Nopalera.

JULIO 2018

1 de Julio San Mateo Yucutindoó y Santiago Amoltepec.
2 muertos 
1.-Javier López Romero.
2.-Agustino Roque Paz. 
Originarios de Barranca Oscura y Piedra del Tambor, Santiago Amoltepec.

14 de Julio San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama 
2 muertos
1.-Plutarco Isaías Santiago Santiago. 66 años
2.-Fernando Pino Lena 54 años.
Originarios de San Juan Mixtepec.

16 de Julio Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec.
4 heridos.
13 muertos.
1.-Valentín Ramírez
2.-Luis Flores Ramírez 
3.-Alfonzo Garnica
4.-Zeferino Ramírez Avendaño 
5.-Daniel Flores Martínez 
6.-Abel Rodríguez Soto
7.-Romualdo Ramírez Avendaño
8.-Agustino Ramírez Ramírez 
9.-Edgardo Hernández López
10.-Rubiel Ramírez Rodríguez.
11.-Felipe Rodríguez

Mujeres
12.-Magda Hernández 
13.-Honoria Rodríguez
Todos originarios de Santa María Ecatepec.

AGOSTO 2018

San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnaban 
1 muerto
1.-Lamberto M.R.

Santiago Yaveo y San Juan Jaltepec
13 heridos

8 de Agosto Peña Colorada. San Juan Ñumi y Santo Domingo Yosoñama.
6 muertos entre ellos un menor de 5 años.

Santa Catarina Yutandú y Teozatlán de Segura y Luna.
5 muertos 
1.-Elías Vásquez Reyes 44 años 
2.-Cecilia José Hernández 55 años.
3.-Adelaida José José 31 años.
4.-Juana Ventura José 41 años
5.-Uriel Cruz Ventura 10 años.

2 heridos 
1.-Alma Cruz Ventura 17 años 
2.-Abel Cruz Ventura 19 años.

En resumen, solamente en este breve recuento suman 60 muertos y 7 desaparecidos, que correspondan a los dos primeros años del gobierno de Alejandro Murat, sin contabilizar a las viudas y huérfanos victimas también de estos conflictos agrarios.

PROPUESTAS EN EL CONTEXTO DE LA 4T A NIVEL NACIONAL.

Como es de observarse, para resolver estos conflictos se tiene que plantear, desde luego a favor de los pueblos indígenas, una nueva relación de los pueblos originarios de Oaxaca con el Estado mexicano y, por ende, con los gobiernos federal, estatal y municipales, que implica el reconocimiento a la autonomía territorial de estos pueblos. Asimismo, el reconocimiento del nivel comunitario de gobierno para que sea la asamblea de base el primer escalón de resolución de los conflictos. Y, por último, una redistribución territorial del poder en el campo oaxaqueño para alcanzar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, del control del territorio y de su misma productividad. 
Como medidas preventivas propongo las siguientes acciones políticas y administrativas para atender en lo inmediato los problemas señalados en este escrito. 
Pensar en la atención del conflicto agrario en el Estado de Oaxaca, implica imaginar una nueva forma de gobernar y de aplicar la ley, representa la oportunidad de romper con décadas de una relación clientelar entre gobernantes y gobernados, que ha culminado violentando el estado de derecho, dando pauta a diversas manifestaciones, que bajo el amparo de la defensa de la tierra; se terminan ocultando diversos intereses.
Esta acción requiere necesariamente:
1. La coordinación estrecha con los Tribunales Agrarios, quienes deberán convalidar los convenios que lleguen a pactarse y previa calificación se eleven a cosa juzgada para que se ordene al RAN la inscripción de los planos que confirmen la superficie de cada núcleo agrario.
2. La vinculación con el Gobierno del Estado tendrá que ser de respeto y de complemento que debe partir del reconocimiento de la problemática de la tenencia de la tierra como asunto del ámbito federal y estatal. En tal sentido la atención de los conflictos sociales e incluso políticos o económicos relacionados con la emergencia del conflicto agrario tendrá que ser en una sola dirección, superar el conflicto por voluntad de las partes o respetar la determinación de la autoridad competente.
3. Identificar, con base en la consulta de los archivos de las instituciones agrarias federal y estatal y en estudios sociológicos y antropológicos, los conflictos mas graves y sus alternativas de solución en el corto y mediano plazo.
4. Así como para los desastres naturales existen fondos económicos, en el caso de los conflictos agrarios debe decretarse un fondo permanente disponible para atender los conflictos en vías de solución en cualquier fecha del año.
5. Los conflictos agrarios son conflictos sociales y no policiacos por lo tanto debe revisarse las atribuciones legales y evaluar las fortalezas y debilidades de los organismos agrarios existentes para rediseñarlos o , en su caso, designar a una coordinación interinstitucional que se responsabilice de la atención y solución de todo tipo de conflictos agrarios. 
6. De los 25 programas prioritarios del gobierno de Andrés Manuel dos de ellos pueden generar conflictos en las comunidades:

a) Corredor Transístmico, pues va a implicar la afectación del territorio de los pueblos originarios y,
b) Desarrollo Minero, en ese mismo sentido debe considerarse este rubro pues los pueblos son celosos del cuidado del medio ambiente y la preservación de sus territorios.

En Oaxaca con seguridad podemos aseverar que el triunfo o el fracaso de las metas sociales del gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, dependerá de sus respuestas y resultados que brinde los conflictos agrarios.

Efraín Solano Alinarez
02 de septiembre del 2019.

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