Jaime GUERRERO
El gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, expropió tres terrenos que suman más de 7 hectáreas en la exclusiva zona residencial de Lomas del Castillo, propiedad de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y de Juan José Salazar Ferrer, empresario señalado por el gobierno estatal como supuesto prestanombres del senador priista.
La medida, fundamentada en una reciente Ley de Expropiación aprobada en el estado, fue anunciada por Sansores durante su programa “Martes del Jaguar”.
“Hoy hicimos un acto de justicia… cuando se decide que es de utilidad pública, esto avanza porque avanza”, afirmó la gobernadora, destacando que la nueva Ley de Amparo, próxima a aprobarse en el Senado, dificultaría suspensiones legales contra la expropiación.
El decreto, publicado el lunes en el Periódico Oficial del Estado, declara los terrenos como de “utilidad pública” para la construcción de la Escuela de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Entre los predios expropiados se encuentra uno de 1.4 hectáreas a nombre de Cárdenas Montero, y dos más, de 1,111 metros cuadrados y 5.2 hectáreas, registrados a nombre de Salazar Ferrer. Según la Fiscalía de Campeche, este último recibió los terrenos en “dación de pago” directamente de Moreno.
Además, se expropió un cuarto terreno de 2 hectáreas, propiedad de Rafael Arturo Castilla Azar, actual funcionario del gobierno de Sansores, y Gabriela Castilla Azar.
Los predios de Cárdenas Montero y Salazar Ferrer colindan con la residencia de Moreno y su madre en Lomas del Castillo, donde, según Sansores, el líder priista tenía una cancha de pádel, un jardín para fiestas y otros espacios recreativos.
Alejandro Moreno, quien fue gobernador de Campeche de 2015 a 2019 y diputado federal entre 2012 y 2015, enfrenta acusaciones de la Fiscalía estatal por adquirir al menos 13 terrenos en la misma zona residencial bajo presuntas irregularidades, sin declararlos a su nombre.
Además, es investigado por peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones.
La expropiación ha generado controversia, en un contexto de tensiones entre el gobierno morenista y el líder del PRI, quien ha sido señalado por presuntas prácticas de corrupción durante su gestión.
