Jaime GUERRERO
Una familia de misioneros originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las lesiones sufridas durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre , convirtiéndose en parte de una acción legal colectiva que busca deslindar responsabilidades penales por una de las tragedias ferroviarias más graves del país en años recientes.
La familia afectada, integrada por Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y su hijo Alexis Iglesias Temich, viajaba en el vagón que cayó al fondo de un barranco cuando el tren se descarriló a las 9:28 horas entre las localidades de Nizanda y Chivela en Oaxaca.
En una conferencia ofrecida por sus abogados a las afueras de la FGR, Juan Manuel expresó con firmeza su determinación de llevar el caso hasta sus últimas instancias.
“Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos colaboradores, aquellos gobiernos que no hicieron su trabajo. Entonces, es por eso la demanda”, afirmó el misionero.
Su preocupación va más allá de cualquier compensación económica.
“Más allá de la ayuda del gobierno, el apoyo económico del gobierno federal, no queda ahí. Hay afectados que hoy no están en casa, hay familiares que esperaban pasar la Navidad y hoy no están”, señaló con evidente dolor.
El accidente dejó 14 personas fallecidas y 109 heridos , según el balance oficial actualizado tras el fallecimiento de Hilda Alcántara, una mujer de 73 años que había sido hospitalizada .
El abogado Adrián Arellano, del despacho Vega Mac Gregor Arellano que representa a las víctimas, explicó que la denuncia está dirigida contra funcionarios públicos que no supervisaron correctamente la construcción y contra empresas contratistas que fueron omisas.
Las compañías señaladas son COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, empresas que ya fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por la falta de evidencia de que realizaron los trabajos para los cuales fueron contratadas.
“El delito de abuso de autoridad se señala de manera preliminar. Al final del día, la Fiscalía General podrá advertir si esta configuración se actualiza, derivado de que no existe una supervisión en los contratos”, explicó Arellano.
La Auditoría Superior es clara en señalar que no existe evidencia de los servicios contratados.
“En consecuencia, aquí, evidentemente, debe haber un esclarecimiento de qué fue lo que pasó”, añadió el abogado.
Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación son alarmantes. La ASF detectó un presunto daño al erario por más de 33.5 millones de pesos en esta infraestructura, la misma donde ocurrió el trágico descarrilamiento.
Entre las anomalías más graves se encuentran:
Rieles de menor calidad: Se detectaron pagos por obras no ejecutadas, letreros y rieles fantasma, inconsistencias en los costos de materiales y contratos inflados con anticipos millonarios sin uso.
Personal fantasma: La auditoría documentó casos en los que se cobraron cuadrillas de personal y maquinaria que no aparecían en los reportes fotográficos ni en los registros de supervisión .
Contratos cuestionables: Grupo Constructor Diamante tiene un contrato por 106 millones de pesos señalado por 8.5 millones en excedentes, mientras que Asfaltos y Derivados de la Costa tiene un contrato por 158 millones con irregularidades por 17.6 millones de pesos.
Ninguna de las empresas que participaron en estos actos está en el padrón de empresas sancionadas por el gobierno federal.
Organizaciones indígenas del Istmo habían denunciado estos problemas desde hace años. En febrero de 2022, la UCIZONI denunció graves irregularidades en los trabajos como el volumen de la capa de balastre usado y que los materiales eran de mala calidad.
Los incidentes en la Línea Z han sido constantes, provocados por la mala calidad de los trabajos realizados por constructoras como Grupo La Peninsular, Grupo Diamante y COMSA , señaló la organización, que recordó que los descarrilamientos y afectaciones por lluvias entre 2024 y 2025 provocaron la reducción de corridas del tren a solo dos por semana.
La presentación de la denuncia se realizó a las 11:00 horas del lunes 5 de enero de 2026 ante la FGR en la Ciudad de México , con la familia Iglesias como parte de un grupo más amplio de víctimas que buscan justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, señaló que las personas afectadas pueden acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Víctimas para obtener apoyo del gobierno, además de los recursos que correspondan por los seguros del tren.
Sheinbaum, prometió que el Gobierno federal hará una reparación integral del daño y que la fiscalía determinará las responsabilidades de acuerdo a la ley.
Sobre el monto de las indemnizaciones, la mandataria indicó que la consejera jurídica está en conversaciones con la aseguradora para establecer los montos.
La FGR ya abrió una carpeta de investigación y continúa con los peritajes especializados, con el respaldo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades en uno de los megaproyectos más emblemáticos de la llamada Cuarta Transformación.
