Jaime GUERRERO
Con dificultades para hablar castellano y envuelto en una red de asesorías políticas que ha complejizado la búsqueda de soluciones, Manuel López Rosales, agente municipal de Buenavista, demanda un retorno seguro para las 225 personas que hoy cumplen 142 días de desplazamiento forzado.
Las familias viven en condiciones precarias junto al palacio municipal de Santiago Yosondúa, pese a contar con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y una sentencia de amparo que confirma que las tierras en disputa son propiedad de la comunidad.
El ataque que desencadenó la crisis
El 18 de agosto de 2025 marcó el inicio del drama. Ese día, personas armadas provenientes de Santa María Yolotepec ingresaron violentamente a Buenavista, disparando armas de fuego y obligando a las familias a huir.
Durante esa primera incursión fueron incendiadas 14 viviendas. Ataques posteriores elevaron el número de casas destruidas a 29, además del robo de ganado, cosechas de maíz y la quema de vehículos y motocicletas.
Entre los desplazados se cuentan 61 mujeres, 27 niñas, 32 niños, 33 adultos mayores, 58 hombres, 12 madres solteras y dos bebés que enfrentan ahora las bajas temperaturas del invierno mixteco.
“Continúan las detonaciones de armas de fuego de alto calibre y uso exclusivo del ejército contra la población de Buenavista, sin que el gobierno haya disuadido de ningún modo estas acciones”, denunció López Rosales.
El agente municipal estuvo acompañado durante su declaración por Felipe Canseco, ex secretario municipal capitalino y controvertido asesor de municipios mixes, señalado por especialistas de haber entrampado la solución de múltiples problemáticas comunitarias.
Canseco, junto con legisladores del Partido del Trabajo (PT), ha amenazado con llevar el caso a tribunales internacionales, pese a las advertencias expresas de Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, quien les recomendó el diálogo como ruta y les advirtió sobre la complejidad del camino judicial internacional.
La disputa territorial entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec tiene orígenes en la época colonial, cuando documentos de propiedad fueron alterados, perdidos o destruidos.
El enfrentamiento actual se centra en aproximadamente 1,600 hectáreas.
Las autoridades estatales reconocen que se trata de un conflicto agrario que prevalece desde hace más de 70 años, aunque la tensión se intensificó a partir de 2005 con la presencia de empresas mineras canadienses en la región, lo que despertó mayor interés sobre el control territorial.
En noviembre de 2025, la violencia escaló con dos homicidios relacionados con el conflicto, que resultaron en la detención de dos autoridades de los comisariados de Bienes Comunales de ambas comunidades.
Santa María Yolotepec ha condicionado el regreso de las familias a dos demandas que los afectados consideran imposibles: que no haya acción penal contra los responsables de los ataques armados, y que Buenavista ceda el 50 por ciento de sus tierras.
“Estas pretensiones son imposibles porque el 50 por ciento del territorio que pretenden es prácticamente toda la población de Buenavista”, explicó López Rosales.
Las familias advierten que, de no obtener respuesta satisfactoria, se plantarán frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca.
El gobierno de Oaxaca ha sostenido una mesa de diálogo interinstitucional con participación de la ONU para atender el caso de las 88 familias desplazadas.
Durante su visita a Oaxaca en diciembre de 2025 para el Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas y Coordinación Interinstitucional, Gaviria Betancur afirmó no conocer “un proceso tan cuidadoso” como el implementado en Oaxaca, reconociendo el trabajo de escucha del gobierno estatal con las comunidades originarias.
La Relatora destacó que Oaxaca avanza hacia políticas públicas integrales que protegen los derechos de las personas desplazadas, especialmente tras la aprobación de la ley en la materia en septiembre pasado.
Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), informó que se remitirá un informe detallado a la Cancillería sobre las acciones emprendidas en materia de atención humanitaria y construcción de acuerdos en el caso de Yolotepec.
Sin embargo, las familias afectadas cuestionan la efectividad de estos esfuerzos institucionales y el reconocimiento internacional, señalando que continúan viviendo en condiciones indignas, sin garantías de seguridad para regresar a sus hogares, mientras soportan las bajas temperaturas del invierno mixteco.
Actualmente hay más de 300 conflictos agrarios activos en Oaxaca, agravados por la intervención de actores políticos que, en lugar de facilitar soluciones, polarizan y prolongan las disputas entre las comunidades afectadas.
Mientras el gobierno estatal recibe elogios internacionales por sus protocolos de atención, 225 personas —entre ellas 59 niños y niñas, y dos bebés— siguen esperando poder volver a casa.
