• Los hechos ocurrieron en inmediaciones del cerro “El Mexicano”, donde el sentenciado privó de la vida a la adolescente junto con su hijo, el 28 de junio de 2020
Oaxaca de Juárez a 05 de mayo de 2025.- Derivado del trabajo de investigación ministerial que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se obtuvieron dos sentencias condenatorias que suman un total de 96 años de prisión en contra de una persona del sexo masculino identificada como José Alberto R.R., responsable por la comisión de los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado, el primero de ellos cometido en agravio de una adolescente identificada como M.C.A.C., y el segundo en agravio de un menor de edad, hechos ocurridos en la región de los Valles Centrales.
De acuerdo a la causa penal del caso, los hechos se suscitaron el 28 de junio de 2020, cuando la adolescente M.C.A.C. (17 años de edad), se encontraba en compañía de su hijo (10 meses de edad), en inmediaciones del cerro “El Mexicano”, perteneciente a la Ciudad de Ejutla de Crespo, lugar al que arribó su ex pareja sentimental, José Alberto R.R., quien agredió físicamente a ambas víctimas hasta terminar con su vida. La investigación revela que, una vez cometido el delito, José Alberto R.R. prendió fuego a los cuerpos de las víctimas. Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, las cuales permitieron la detención de José Alberto R.R., quien fue presentado ante la autoridad correspondiente.
Tras el desahogo de pruebas aportadas por la FGEO y valoradas en audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 30 años de prisión por el delito de homicidio calificado en agravio de A.A.C. y una pena de 66 años y 8 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado en agravio de M.C.A.C., sentencias condenatorias que suman un total de 96 años y 8 meses de prisión, además de imponer una multa y el pago por concepto de reparación del daño. La Fiscalía de Oaxaca ciñe su actuación a las facultades que le otorga la ley para aplicar el Código Penal Vigente del Estado como base de los trabajos ministeriales para no permitir que los delitos queden impunes.
