JaimeGUERRERO
El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló este jueves que las autoridades de Sinaloa no han compartido información sobre los avances en las investigaciones del caso de Pablo Osorio Sánchez, el ingeniero oaxaqueño desaparecido el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, pese a las solicitudes formales realizadas.
“Hemos pedido a la Fiscalía de Sinaloa que nos informe y, desafortunadamente, hasta el momento no se nos ha hecho así; sin embargo, vamos a estar insistiendo”, señaló.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras 17 días de búsqueda, autoridades federales confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver y de la empresa Cicar S.A. de C.V., quienes habían sido privados de la libertad por un grupo armado.
Los primeros cinco trabajadores identificados fueron: Antonio de la O Valdez (Chihuahua), José Antonio Jiménez Nevárez, José Ángel Hernández Vélez (Zacatecas), Ignacio Aurelio Salazar Flores (Zacatecas) y José Manuel Castañeda Hernández (Guerrero).
Se hallaron 10 cuerpos en total en las fosas clandestinas localizadas en El Verde, todos correspondientes a los trabajadores secuestrados. Los otros cinco trabajadores plagiados fueron: Francisco Antonio Esparza Yález, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.
Pablo Osorio Sánchez no se ha confirmado que se encuentra entre los cuerpos hallados, y al momento de las declaraciones del fiscal de Oaxaca, la información no había sido compartida formalmente con las autoridades oaxaqueñas.
Proceso de identificación genética
El fiscal Rodríguez Alamilla explicó que las razones de la demora en la identificación y comunicación de los resultados, que se trata de “un proceso técnico-científico”.
“Desafortunadamente, cuando encuentras restos, no están en condiciones ya para poderlos reconocer por parte de sus familias y, entonces, lo que haces es un proceso de ADN… buscas justamente a través de esta técnica tratar de identificar si la prueba tiene compatibilidad con su familia. Desafortunadamente no es tan rápido… es un proceso técnico-científico y esto es lo que lleva, digamos, el retraso”, explicó el fiscal.
“Generalmente cuando sucede una actividad de ese tipo, cuando se encuentran restos, lo que haces es eso. Yo entiendo que se debe estar haciendo esa situación. Vamos a preguntar con la Fiscalía de aquel estado para servir como puente en esa lógica con la familia”, precisó.
La ONU emitió Acción Urgente
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una Acción Urgente bajo el número 2220/2026, tras una solicitud efectuada por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas de Oaxaca (Cedhapi), solicitando al Estado Mexicano implementar medidas para dar con el paradero de Pablo Osorio y sus compañeros.
El día que todo cambió
La tarde del 23 de enero, Pablo hablaba por teléfono con su novia cuando todo cambió. Ella escuchó voces alteradas, el motor de un vehículo que arrancaba y después la línea se cortó. No volvió a saber de él.
Horas más tarde se confirmó lo peor: un grupo armado había ingresado al campamento La Clementina, en la comunidad Pánuco, y a la parada de autobuses en la carretera Villa Fuente-Durango, donde se encontraban trabajadores de la empresa Cicar S. A. de C. V. y de la minera canadiense Vizsla Silver Corp. Diez personas fueron llevadas por la fuerza. Pablo estaba entre ellas.
“Sólo quiero que nos apoyen a buscar a mi hijo”
Doña Socorro, madre del joven ingeniero, recuerda el día que su hijo salió de casa rumbo a Sinaloa para cumplir con su residencia profesional. Le dio la bendición y le pidió que se cuidara. Conocía los niveles de violencia en el estado, pero Pablo necesitaba terminar sus estudios.
“Le dije que se cuidara mucho”, contó en entrevista para La Silla Rota. Esa fue la última vez que lo vio.
“Sólo quiero que nos apoyen a buscar a mi hijo. Él trabajaba para ayudarnos porque es el más grande de la familia. Decía que nos iba a sacar adelante. Nosotros somos pobres. Él se fue contento, ilusionado de que iba a trabajar para sacarnos adelante”, expresó doña Socorro con la voz quebrada.
Mauricio, hermano de Pablo, hizo un llamado desesperado: “Queremos que nos regresen a Pablo. Él era el pilar de la familia. Mi mamá está destrozada por esta situación. Queremos que nos ayuden”.
Un sueño truncado
Pablo tenía todo planeado. Terminaría su residencia profesional en Concordia y regresaría pronto a Tlaxiaco para reunirse con su familia. Había sido asignado por el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco para realizar su práctica en Cicar S. A. de C. V. en junio de 2025, y posteriormente fue trasladado a Concordia, donde trabajaba como supervisor de túneles para la minera Vizsla Silver Corp.
Era un joven responsable que asumió el papel de sostén familiar desde temprana edad, con la ilusión de sacar adelante a los suyos. El ingeniero mixteco, de 26 años, fue una de las 10 víctimas fatales del secuestro masivo ocurrido en Concordia.
“Los confundieron”: versión oficial
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que los sospechosos arrestados pertenecían a la facción del Cártel de Sinaloa leal a Los Chapitos, y que confundieron a los trabajadores con miembros de la facción rival conocida como Los Mayos.
Sin embargo, esta versión fue rechazada por compañeros mineros que laboraban en la zona, quienes revelaron en entrevistas radiofónicas que grupos criminales ya les habían advertido que abandonaran la región: “Tuvimos algunos encuentros con grupos delictivos… ellos nos dijeron literalmente: ‘Por favor, sálganse, que no podemos garantizar su seguridad’”.
Concordia: epicentro de violencia minera
La desaparición de Pablo y sus compañeros ocurrió en una de las regiones más afectadas por la violencia en Sinaloa. Según datos de Red Lupa, el estado registró 747 desapariciones en 2024, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.
En su análisis territorial publicado en mayo de 2025, integrantes de la Red documentaron la presencia de grupos criminales en la zona serrana. “La zona serrana del estado tiene el 33% de su territorio concesionado a proyectos de extracción minera. Los municipios de San Ignacio y Concordia han experimentado una ola de desplazamientos por estos proyectos en los que participan grupos criminales”, señala el informe.
