La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación contra la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, por violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y al derecho de acceso a la justicia, en agravio de un adulto mayor que fue detenido de manera arbitraria, por su presunta relación con el asesinato de un candidato a presidente municipal del pasado proceso electoral en 2021.
El agraviado fue detenido cuando viajaba con su familia, entre quienes estaba una hija menor de edad, por lo que además se violentó el principio de interés superior de la niñez, menciona la CNDH a través de un comunicado.
En la queja presentada por los agraviados ante el Organismo Nacional, “se describe cómo el vehículo en el que viajaban la víctima, en compañía de tres personas más, fue perseguido e interceptado violentamente por dos vehículos sin identificar, de los que descendieron varias personas vestidas de civil, armadas y apuntando contra quienes se encontraban a bordo. Sin oponer resistencia y en estado de pánico, la víctima fue obligada a descender de su vehículo y se les dijo que tenía una orden de aprehensión que no le fue mostrada sino hasta que ya se encontraba detenida, razón por la cual se solicitó la intervención de esta CNDH”.
Luego de lo cual, se documentó, que la víctima fue presentada ante un Juez de Control donde la FGE de Veracruz le imputó el delito de homicidio doloso calificado, y que su detención se relacionaba con una carpeta de investigación abierta por el secuestro y asesinato de un candidato a presidente municipal, durante el pasado proceso electoral del año 2021.
Por lo que este Organismo Público “acreditó la detención arbitraria de la víctima, debido a que los elementos de la FGE de Veracruz no se apegaron a los lineamientos constitucionales para la privación de la libertad”.
Ahora la CNDH solicita a la Fiscal, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la detención arbitraria, y se les otorgue una compensación justa y suficiente, además, otorgar atención médica y psicológica especializada a las víctimas y proveerles de los medicamentos necesarios de forma totalmente gratuita, así como colaborar con la Contraloría General de la FGEV en el trámite y seguimiento de la queja que se presentará en contra de las personas servidoras públicas involucradas.
