Jaime GUERRERO
Integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM) de Frente Popular Revolucionario (FPR) llamaron a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) a sumarse a una estrategia jurídica para detener el cobro de cuotas de inscripción y reinscripción, argumentando que estas tarifas violan el derecho constitucional a una educación pública, gratuita y accesible.
Durante un posicionamiento público, las y los estudiantes denunciaron que el retorno a clases cada semestre representa la continuidad de una lucha histórica contra lo que calificaron como “privatización encubierta” de la educación superior, resultado de la falta de voluntad política para garantizar recursos suficientes a la institución.
El colectivo estudiantil detalló que para el ejercicio fiscal 2026, la federación destinó 2 mil 545 millones 143 mil pesos a las instituciones de educación superior en Oaxaca, de los cuales la UABJO recibirá 1 mil 287 millones 233 mil pesos.
Sin embargo, advirtieron que la aportación estatal sigue siendo mínima: en 2025 apenas alcanzó el 12.57 por ciento del presupuesto total.
Esta situación, según la UJRM, obliga a la universidad a trasladar la carga financiera al estudiantado mediante el cobro de cuotas.
Además, señalaron que el incremento anunciado para 2026 representa un aumento real de apenas 0.98 por ciento, cifra insuficiente frente a la inflación y las crecientes necesidades académicas, administrativas y de infraestructura.
Como parte de su estrategia legal, la organización informó que durante 2025, un total de 16 estudiantes obtuvieron protección de la justicia federal mediante juicios de amparo que les permitieron evitar el pago de cuotas en diversas licenciaturas, entre ellas Entrenamiento Deportivo, Contaduría y Administración, Enseñanza de Idiomas, Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Políticas, Enfermería y Obstetricia, Gastronomía, así como Diseño y Arquitectura.
Los jueces federales ordenaron a la UABJO suspender el cobro de un monto acumulado de 336 mil 145 pesos, al determinar que dichas cuotas son indebidas e injustificadas porque afectan directamente el derecho humano a la educación.
De cara al cambio en la rectoría de la universidad, previsto para 2026, las y los estudiantes advirtieron que este relevo será una prueba política para quien asuma el cargo, al tener que decidir entre retomar la demanda histórica de gratuidad o mantener un modelo de financiamiento basado en cobros al estudiantado.
La UJRM reiteró su llamado a la comunidad universitaria a organizarse y promover amparos colectivos, insistiendo en que el problema central no es una cuota aislada, sino la negativa del Estado a cumplir su responsabilidad constitucional de financiar plenamente la educación superior pública en Oaxaca.
