Redacción El Piñero
Oaxaca : El asesinato del estudiante Diego Paz por la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, junto con el uso excesivo de la fuerza para desalojar a manifestantes triquis y zapotecos en los primeros meses de la administración de Salomón Jara Cruz, han evidenciado las graves deficiencias en la certificación y control de confianza de los cuerpos policiales en Oaxaca.
Estos casos son solo ejemplos de una tendencia preocupante de abuso y corrupción en las fuerzas de seguridad, que han sido ampliamente criticados por organizaciones de derechos humanos.
La incapacidad del gobierno estatal para asegurar que los policías estén debidamente capacitados y certificados pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y demuestra un preocupante retroceso en el respeto a los derechos fundamentales.
Además, en 2023, la violencia policial contra mujeres en municipios conurbados como Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán se sumó a las denuncias de corrupción en operativos como los puntos de control de alcoholímetros.
Las mujeres fueron golpeadas, denigradas y encarceladas injustamente, mientras que las autoridades locales y estatales fueron acusadas de negligencia y complicidad en estos abusos. Estos incidentes reflejan no solo la debilidad de las políticas de seguridad pública, sino también la erosión de la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger sus derechos.
La gestión de Salomón Jara Cruz en materia de seguridad ha sido marcada por un preocupante patrón de abusos policiales y fallas en la certificación de los cuerpos de seguridad. La continua exposición de casos de corrupción, violencia y simulación en los procesos de control de confianza revela un sistema policial en crisis que requiere reformas profundas y efectivas.
Si no se actúa con decisión, la inseguridad y la impunidad seguirán creciendo, dejando a los oaxaqueños en una situación de vulnerabilidad constante.
