Jaime GUERRERO
Oaxaca.- La Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, María de las Nieves García Fernández, afirmó que los funcionarios de dependencias involucradas en presuntas irregularidades financiera en el ejercicio fiscal 2017, no están eximidos de responsabilidades. Tendrán 30 días para solventar.
Recordó que el pasado mes de septiembre votaron las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, que les correspondía a la LXII Legislatura, las cuales fueron rechazadas por la serie de irregularidades que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, determino y por el quebranto de más de 35 mil millones que dejó la administración de Gabino Cué Monteagudo.
La coordinadora del PRI, afirmó que cumplen con un mandato constitucional que como termino fatal era el 30 de noviembre, no obstante, antes de irse cumplen con la dictaminación.
García Fernández, aclaró que el aprobar la cuenta pública 2017 de Murat Hinojosa, no exime a los funcionarios de las dependencias involucradas en presuntos desvíos y no uso correcto de recursos.
Puntualizó que las dependencias tienen 30 días para solventar las irregularidades y situación de no comprobación y posteriormente el Órgano Superior de Fiscalización tendrá 120 días para resolver lo procedente.
“No hay exoneración, solo se cumple con un mandato que le corresponde al Poder Legislativo”, recalcó.
En el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2017, entre las dependencias que no informaron debidamente en tiempo y forma, están Sinfra.
Esa dependencia no solventó 69 millones 811 mil 790 pesos; en los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao) el recurso no comprobado ascendió a 21 millones 848 mil 983 pesos. En Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) 599 mil 863 pesos.
En tanto, la la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, no comprobó 14 millones 5888 mil 675 pesos; en la Comisión Estatal de Educación Física y Deporte los recursos no comprobados son 3 millones 446 mil 663 pesos.
En la Comisión Estatal de Vivienda, la falta de comprobación fue de 3 millones 519 mil 690 pesos; en el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, 1 millón 227 mil 980 pesos; en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que en ese entonces estaba a cargo de Alfredo Lagunas Rivera, la cifra no comprobada de forma correcta asciende a 13 millones 507 mil 617 pesos con 59 centavos.
