Jaime GUERRERO
En un giro inesperado, tras meses de politización a favor y en contra, este martes, el gobernador de #Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la reincorporación de más 600 trabajadores burócratas despedidos, por el decreto 24 que aprobó el congreso del Estado, con el qué me suprimió 1 mil 344 plazas laborales otorgadas desde los sexenios de los ex gobernadores, Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa.
En su mensaje en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que los trabajadores reincorporados recuperarán su antigüedad, prestaciones y trayectoria laboral.
No obstante, advirtió que no se permitirá ningún intermediario ni pago indebido para agilizar la reincorporación.
“Algunos han buscado padrinos o lo que ustedes llaman ‘coyotes’ para exigir pagos. Quiero dejarlo muy claro: no aceptaremos gestores o intermediarios, y todas y todos deberán acudir personalmente a la Secretaría de Administración para formalizar su reincorporación”, afirmó.
Jara Cruz, explicó que el proceso se llevará a cabo mediante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje asegurando un procedimiento transparente y seguro, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores afectados por el Decreto 24.
De acuerdo al mandatario estatal, esta acción refleja la coherencia del gobierno con su historia de lucha social, recordando que siempre ha respaldado las causas legítimas de los trabajadores. “Nunca seremos insensibles a la realidad social”, (sic).
Por lo pronto, hizo un llamado al sindicato y a los trabajadores a asumir este retorno como un compromiso renovado de servicio honesto, eficiente y comprometido con la ciudadanía.
De acuerdo al Gobernador, el sindicalismo en Oaxaca debe ser garante de justicia y dignidad laboral, y no un refugio de privilegios o intereses particulares.
En un giro de su posición política, dijo que el gobierno y sindicato han asumido una responsabilidad compartida para garantizar que cada plaza y cada servidor público esté al servicio de la ciudadanía, evitando prácticas indebidas y fortaleciendo la transparencia y confianza institucional.
Desde el pasado mes de diciembre, cuando el Congreso del Estado, aprobó el decreto a petició de Jara Cruz, el Gobierno del Estado, reiteró que las 1 mil 344 plazas laborales de burócratas del STPEIDCEO que fueron anuladas, SI SON IRREGULARES.
En un primer momento, en mesas de negociación con la dirigencia de los burócratas se lograron restituir a 677.
En ese entonces el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vazquez Sagrero, refirió que, había jueces de distrito que han negado amparos de burócratas que, pretenden anular el decreto aprobado por el Congreso para recuperar sus plazas.
En medio de debates jurídico y políticos, Vásquez Sagrero, defendió la legalidad y validez de la figura de supresión de bases laborales.
Sobre la supresión de plazas laborales, reiteró que, es una herramienta jurídica contemplado en la normativa local y ha sido implementada en diversas entidades del país.
Desde ese entonces el consejero subrayó que el gobierno estatal ha actuado en estricto apego a derecho y respondiendo a compromisos previamente adquiridos.
“No hay forma de justificar la entrega de siete mil bases laborales en un periodo de nueve años, cuando el promedio histórico era de 35 por año. La matemática no falla”.
Vásquez Sagrero también aclaró que aquellos trabajadores que consideraban vulnerados sus derechos tienen expedita la vía legal para impugnar los actos de autoridad.
“El Estado de derecho está garantizado. Existen instancias como la primera y segunda instancia, el amparo y la Junta Laboral para resolver este tipo de conflictos. Si algún juez federal determina alguna suspensión, la acataremos, pero también tenemos la facultad de combatirla”, advirtió.
Al respecto, explicó que lo presentado ante el Congreso del Estado se basa en un precedente jurídico reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Es un argumento jurídico conocido como ‘rubro’, un precedente aplicable por analogía a situaciones similares. Eso no es plagio; es el uso correcto de la jurisprudencia”, aclaró.
Destacó que el gobierno de Oaxaca, llegó a acuerdos con los trabajadores afectados, ya sea a través de indemnizaciones o por la reubicación en plazas similares.
Rechazó discriminación, acuerdos a espaldas de los trabajadores y que, no se tomará en cuenta a los grupos vulnerables.
El funcionario expuso la disyuntiva legal a la que se enfrentaron: aplicar el ius puniendi, es decir, la vía coercitiva y sancionadora del Estado, o buscar una solución administrativa y negociada. “Optamos por la supresión de bases con las salidas que contempla la ley: la reubicación o la indemnización”, aseguró.
Vásquez Sagrero reiteró que el gobierno actuará con firmeza y transparencia para garantizar el orden y la legalidad. “En la mesa de diálogo hemos escuchado sus argumentos y se les ha explicado el procedimiento. El gobierno no actuará con arbitrariedad, pero tampoco cederá ante la presión política. La ley es clara y se está aplicando”, concluyó
