Jaime GUERRERO | El Piñero
Este miércoles, el Congreso del Estado, dará entrada a una iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional, enviada por el Gobernador, Salomón Jara Cruz, en la que propone la extinción del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) para desaparecer la autonomía y convertirse en un órgano desconcentrado o descentralizado.
A partir del 20 de marzo del 2025, comenzó el plazo de 90 días naturales, para que las Entidades Federativas, en este caso Oaxaca, realice la
armonización legislativa, emitiendo una nueva Ley Local de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la extinción del OGAIPO y la creación de la autoridad garante del Poder Ejecutivo y Municipios.
El plazo se tenía por concluido el pasado 17 de junio del 2025, siendo este un plazo improrrogable para las
entidades legislativas, puesto que se desprende de una reforma constitucional.
La reforma en este momento es sólo al 3º constitucional, para que se establezca en los transitorios el plazo (120 a 150 días) para la presentación de las nuevas leyes de transparencia y de protección de datos personales.
De acuerdo a fuentes del órgano de transparencia ha existido trabajo coordinado con la Secretaría de Honestidad y el OGAIPO.
Se prevé que la nueva institución garante inicie a partir de enero del 2026, mientras tanto siguen en funciones los actuales comisionados y comisionadas de transparencia.
A nivel nacional la oaxaqueña, María Tanivet Ramos Reyes, asumió la titularidad de Transparencia para el Pueblo, Órgano Desconcentado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien será la Autoridad Garante en esta materia durante la administración de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ese organismo sustituyó al Instituto nacional de transparencia.
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) –que almacena millones de documentos de los entes públicos– ahora está a cargo de un nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, un organismo tutelado por un consejo nacional, integrado por “todos los estados, todos los autónomos”.
La directora del organismo, María Tanivet Ramos Reyes, fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
‘Transparencia para el Pueblo’ es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el cual tendrá las atribuciones que las demás autoridades garantes.
Resolverá recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares, en contra de las resoluciones emitidas por las otras autoridades garantes federales o de las entidades federativas, siempre y cuando la solicitud se encuentre relacionada con el uso de recursos públicos federales.
También se le otorga la atribución para elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública del país.
