El gobierno de Enrique Peña Nieto, gastó y manejó con opacidad al menos un billón 230 mil pesos en proyectos para modernizar, crear infraestructura y ordenar el flujo migratorio en la frontera sur.
Ante las anomalías, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha documentado obras inexistentes, gastos sin correspondencia con planes registrados, sobreprecios, falta de evaluaciones y comprobantes de pago, así como omisiones en finiquitos y procesos de entrega- recepción.
Por ello la Cuarta Transformación, mantiene abiertas diferentes operaciones en la Secretaría de la Función Pública, en las cuales ha participado la Secretaría de Hacienda y han derivado en carpetas en la Fiscalía General de la República.
Con base en información de La Crónica, el priista Peña Nieto creó una Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), para coordinar y supervisar los proyectos conjuntos, no obstante el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual tuvo una actuación fantasmal.
Muchos de los proyectos de la Coordinación fueron ficticios, quedaron incompletos o se volvieron insolventes pues los presupuestos fueron inflados. Para su operación, de acuerdo con información de la SHCP, el organismo gastó alrededor de 400 millones de pesos.
La CAIMS fue conformada el 8 de julio del 2014, luego de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declarara una crisis humanitaria en la frontera sur por el número de migrantes centroamericanos. Fue el 15 de julio del mismo año que se nombró a Humberto Mayans Canabal como coordinador, quien debió pedir licencia al cargo de senador por el PRI.
Recibió recursos extraordinarios por casi 100 millones de pesos, para operar nominalmente durante la segunda mitad del año, pues debía concentrarse según el programa en un componente preventivo, basado en monitoreo constante, en el impulso de tareas de investigación para combatir tráfico y trata de personas y en recuperación de espacios públicos.
Al siguiente año en 2015, se le dio un presupuesto de egresos de más de 102 millones de pesos, pese a que no había resultados visibles. Fue en agosto que Mayans renunció al puesto y se argumentó la fusión de la CAIMFS con la Unidad de Política Migratoria de Segob y con el Instituto Nacional de Migración, como parte de un ajuste presupuestal implementado por Hacienda, “en busca de ahorrar recursos, evitar duplicidades y aumentar la eficacia”.
La Coordinación siguió funcionando a pesar de ello, con cerca de 100 empleados y para 2016 se le etiquetaron otros 94 millones de pesos. Fue en ese año que llegó como director General de Convenios, Acuerdos, Integración y Seguimiento Crescencio Jiménez Núñez, quien se mantendría en el cargo hasta el final del sexenio, con presupuestos operativos de alrededor de 120 millones de pesos entre 2017 y 2018.
El presunto plan de rescate señalaba 87 proyectos de infraestructura con valor de 84 mil millones de pesos, de los cuales no hubo transparencia en su manejo. De igual manera quedó en el olvido la realización de 187 proyectos en la región.
Se había mencionado por ejemplo, la modernización del ferrocarril del sureste y de 11 puertos de entrada, la implementación del corredor transístmico, el funcionamiento de fiscalías especializadas en migración y derechos humanos y 43 programas “de alto impacto social” en los 23 municipios fronterizos.
