Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– El 28 de septiembre de 2018 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) indicó en un oficio “la no presencia de población indígena” en la zona de construcción del proyecto minero Ixtaca; sin embargo, el 11 de octubre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) localizó 71 localidades en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla.
Las comunidades exigieron la cancelación de las concesiones a la minera Almaden y recordaron que el 22 de octubre más de 40 comunidades de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y de la cuenca del río Apulco entregaron al Secretario Víctor Toledo Manzur tres mil 500 firmas con las que rechazaban el proyecto de mina a cielo abierto.
En un comunicado dado a conocer por Fundar y al Consejo Tiyat Tlali se señaló que el oficio CGPE/2019/OF/0477 ubicó a nueve pueblos, “precisamente en el área de influencia directa del Proyecto Minero Ixtaca”.
El INPI realizó la investigación debido a que un grupo de representantes legales de la Comunidad Nahua de Tecoltemi solicitaron un amparo contra las concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden.
Además solicitaron se aclarara el oficio CGPE/2018/OF/0802 que en septiembre de 2018 Sergio Alberto Ortiz Rosales, Coordinador General de Planeación y Evaluación de la CDI, emitió.
En el documento citado, el titular de la dependencia desconoció la existencia de los grupos indígenas de la zona con lo que se permitía a Almaden Minerals explotar un yacimiento de oro y plata a cielo abierto.
“La información del INPI desmiente las aseveraciones que la Minera ha realizado de manera sistemática, que niegan la existencia de población indígena en el lugar”, citaron las organizaciones.
El oficio de 2018 afirmó que al revisar los documentos de habilitación de la minera se determinó “la no presencia de población indígena en la zona de dicho proyecto en su área de influencia, de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social y el estudio de Impacto Ambiental”
Sin embargo, la indagatoria la realizó la propia minera.
“Esta preocupante afirmación había sido difundida públicamente por parte de Minera Gorrión, filial de Almaden, a pesar de que el Catálogo de la CDI establece que sí hay comunidades indígenas en el municipio y en el área de influencia directa del proyecto”, destacó el documento.
Ante la petición de los grupos indígenas, el INPI “identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto (…) en el municipio de Ixtacamaxtitlán del estado de Puebla, la población indígena estimada sumó seis mil 210 y cuatro mil 841 personas, en 2010 y 2015, respectivamente”
Los datos recabados por el INPI significaron un 24 y 19.7 por ciento de la población y en 2015, la población indígena por autoadscripción sumó siete mil 608 personas, es decir el 31 por ciento del total de la población del municipio.
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Además, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en la localidad de Ixtacamaxtitlán ubicó 71 localidades con presencia de población indígena. De estas, Santa María Zotoltepez, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco) se localizan dentro del área del proyecto.
La investigación también arrojó que el impacto ambiental no sólo sería a las nueve poblaciones directamente afectadas, si no que a todas las cercanas al Río Apulco.
“Las organizaciones reconocemos la labor del INPI en esta nueva revisión para aclarar la información y reconocer a las poblaciones indígenas de la zona”, agradecieron en el documento. También expusieron el “incumplimiento” del Estado mexicano de sus obligaciones en materia de protección de Derechos Humanos y de los pueblos indígenas que ha beneficiado a empresas, como la minera canadiense.
“Desde la emisión de las concesiones mineras que otorgaban derecho a explorar y explotar, debió contarse con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas”, recalcaron.
Las organizaciones y comunidades pidieron la cancelación inmediata de las concesiones mineras y la negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en febrero por la empresa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
