La mañana del lunes 20 de mayo se tiñó de violencia política en la Ciudad de México. Dos personas cercanas al equipo más íntimo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron ejecutadas en plena vía pública: Ximena Guzmán, su secretaria particular, y José Muñoz, asesor político, perdieron la vida en lo que las autoridades consideran un ataque directo.
El hecho ocurrió en Calzada de Tlalpan, esquina con la calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez. Ambos viajaban juntos cuando fueron interceptados por hombres armados a bordo de una motocicleta. El crimen, ejecutado con precisión, desató una movilización inmediata de las autoridades capitalinas y federales.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió su tradicional conferencia matutina tras recibir una tarjeta informativa sobre el doble asesinato. Visiblemente afectada, aseguró que no habrá impunidad y giró instrucciones para que se active todo el aparato de inteligencia del Estado en apoyo a Brugada.
“Todo el respaldo para Clara, para sus equipos, y para las familias. Estamos consternados. Vamos a llegar al fondo de esta agresión”, declaró.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, abandonó por unos minutos la conferencia presidencial para realizar una llamada de emergencia. La escena dejó entrever la gravedad del caso y su impacto político.
¿Un mensaje al movimiento?
El asesinato no solo sacude a la estructura de seguridad de la Ciudad de México, sino que también reaviva el debate sobre los riesgos de la transición en el poder local. Clara Brugada, quien asumió recientemente como jefa de Gobierno capitalina tras la salida de Martí Batres, es considerada una figura clave en el proyecto de continuidad política de Morena.
Ximena Guzmán y José Muñoz no eran funcionarios de bajo perfil. Ambos formaban parte del núcleo duro de Brugada y su asesinato enciende las alarmas no solo por la brutalidad del hecho, sino por el simbolismo: se atenta contra el círculo más próximo de quien es vista como heredera natural del liderazgo político de la capital.
Sheinbaum fue tajante: el caso no quedará impune y será atendido con recursos federales. Mencionó que el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina ya participan en las investigaciones, junto a la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Justicia y control político en juego
La reacción institucional es también un mensaje de fuerza. Sheinbaum sabe que cualquier intento de desestabilización en la capital representa un desafío no solo a la seguridad pública, sino a la legitimidad de su nuevo gobierno federal. La Ciudad de México, bastión histórico de la izquierda, no puede permitirse flancos débiles, menos en momentos donde el crimen organizado ha demostrado capacidad de operar con impunidad incluso en zonas tradicionalmente controladas.
Mientras tanto, las cámaras de videovigilancia ya están siendo analizadas para identificar a los responsables. Se presume que los agresores viajaban en una motocicleta y ejecutaron el crimen en cuestión de segundos.
Desde la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezaba una exposición sobre las jornadas de la paz, fue interrumpida por la noticia. La aparente contradicción entre los objetivos del evento y el hecho violento no pasó desapercibida.
Por ahora, no se ha informado sobre posibles móviles ni líneas específicas de investigación, pero la hipótesis de un crimen con tintes políticos no se descarta.
Claudia Sheinbaum concluyó su posicionamiento con una promesa: “Todo el apoyo a la Jefa de Gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y habrá justicia”.
Mientras tanto, en las calles de la capital, la violencia se vuelve a colar en los rincones del poder.
