OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).– Al menos siete muertos y 25 casas incendiadas dejó el ataque de un grupo armado a las comunidades Ndoyonoyuji, Guerrero Grande, Mier y Terán perteneciente al municipio de San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas.
Mientras que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se encuentra de turismo político en Nueva York, en la región mixteca un grupo armado mantiene en “estado de sitio” a los habitantes de estas tres comunidades lo que provocó el desplazamiento forzado de 25 familias se encuentran refugiadas en la ciudad de Tlaxiaco.
El ataque armado inició la noche del jueves 21 de octubre del 2021 cuando fueron quemadas 25 casas en la comunidad de Ndoyonuyuji y asesinados Remigio Gregorio Reyes García de 69 años de edad y Rafaela Quiroz Sandoval de 66 años de edad, padres de la autoridad municipal.
https://68ad6d77b3bc73c9c2a73ba5691015c5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html La violencia continuó este sábado 23 de octubre del 2021 cuando un grupo armado de aproximadamente 70 personas atacó con armas de alto calibre la comunidad de Guerreo Grande y Mier y Terán donde dieron muerte a Marcos Barrio Avendaño, de 80 años de edad; Marcos Quiroz Reaño, de 65 años; Tomas García Barrios, de 41 años; Paulina Sandoval Bautista, de 95 años y Teodoro Velasco Sandoval, de 95 años de edad.
https://68ad6d77b3bc73c9c2a73ba5691015c5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html En el ataque tres personas fueron asesinadas con arma de fuego y los ancianos Paulina Sandoval Bautista, y Teodoro Velasco Sandoval, perdieron la vida al encontrarse dentro de su vivienda, la cual fue quemada por el grupo armado.
Fue hasta este domingo cuando el gobierno de Murat Hinojosa emitió un comunicado donde informó que apenas se estableció una mesa de seguridad para coordinar el ingreso a esas comunidades.
“Derivado de los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de octubre en la comunidad Ndoyonuyuji y el 23 de octubre en las agencias Mier y Terán, y Guerrero Grande pertenecientes al municipio San Esteban Atatlahuca, el gobierno Estatal y Federal, instalaron la mesa de seguridad para coordinar el ingreso de los elementos de seguridad en la zona”.
El objetivo es que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y la Guardia Nacional implementen un operativo de seguridad en la zona de conflicto, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los habitantes.
El presidente del CEDHAPI, Maurilio Santiago Reyes solicita que el Estado Mexicano actué urgentemente ante el estado de sitio que mantiene un grupo armado a los habitantes de esas comunidades.
Por lo pronto, dijo que hasta el momento 25 familias se encuentran refugiadas en las instalaciones del INPI en la ciudad de Tlaxiaco, en calidad de desplazados.
Además, se tiene conocimiento que aproximadamente 30 personas entre ellas mujeres y niños se encuentran refugiados en la iglesia de la comunidad de Mier y Terán estando en riesgo su vida ya que continúan los disparos de arma de fuego y se puede efectuar una masacre.
Por tal razón, exigieron el inmediato ingreso de las fuerzas de seguridad pública para rescatar a estas personas porque la tarde noche de día este sábado se tuvo conocimiento que dos camionetas con personas armadas se dirigen a la comunidad de Mier y Terán.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), demandó a las autoridades estatales y federales intervenir en la localidad para detener las agresiones que están generando desplazamientos de personas al interior de la comunidad.
Menciono que debido a que el pasado 21 de octubre, una serie de actos de violencia contra habitantes de Ndoyonoyuxi, habrían dejado como saldo al menos dos personas muertas, viviendas quemadas y una veintena de personas desaparecidas –entre ellas niños–.
Por tal razón, la defensoría envió un equipo de defensores al lugar, además de emitir medidas cautelares para solicitar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, lleve a cabo las investigaciones correspondientes por los homicidios, e implemente el protocolo de búsqueda de personas.
De la misma forma, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y en vías de colaboración a la Guardia Nacional, efectuar recorridos en inmediaciones de la población para garantizar el bienestar de los habitantes.
Además, exigió la la necesidad de crear un padrón de personas en situación de desplazamiento forzado interno que permita dimensionar el problema, pues en la entidad este fenómeno ha tenido lugar desde hacer varios años, sin embargo, Oaxaca carece de estadística y cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas lo que hace complejo atenderlas.
