Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Pese al procedimiento de supresión que hizo el Congreso del Estado -a propuesta del Gobernador, Salomón Jara Cruz- de 1 mil 344 plazas que fueron otorgadas al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado de Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) en los sexenios de los ex gobernadores, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Honestidad, ya había dado vista a la Fiscalía Anticorrupción, para iniciar procedimientos penales contra empleados e involucrados en el delito de venta y tráfico de plazas laborales administrativas.
La noche de este miércoles, con 37 votos a favor de Morena, sus aliados y la simulación del voto en contra del diputado del PRI, Javier Caciaue Zarate, el pleno del Congreso, suprimió -a propuesta del Gobernador, Salomón Jara Cruz- 1 mil 344 plazas administrativas que entregaron en la administración de los ex gobernadores, Cue Monteagudo y Murat Hinojosa.
Según el dictamen esas plazas presentaban presuntas irregularidades y significaba una merma para el erario de más de 2 mil 205 millones de pesos.
En el decreto aprobado, se estableció que, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para el debido cumplimiento del presente Decreto, realizará inmediatamente los trámites administrativos que estime necesarios y revocará los nombramientos de empleo que correspondan a las plazas suprimidas.
En su caso, deberá revocar los nombramientos de empleo que cubran las plazas suprimidas y que hayan sido susceptibles de modificación o actualización con motivo del fallecimiento, licencia, jubilaciones o renuncia del empleado que ocupo la plaza suprimida de origen.
El dictamen Destaca que, el incremento desmedido de plazas de base dentro de diversos ejercicios fiscales, sobre todo en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, ha comprometido las finanzas públicas.
Del 01 de diciembre del año 2016 al 31 de noviembre del año 2022, el incremento de otorgamiento de plazas ha ocasionado un aumento en el pago de servicios personales, superior a $2 mil 24 millones 644 mil 966.03 pesos, más los incrementos que vayan afectando a los sueldos y salarios en cada ejercicio fiscal.
Para la administración de Jara Cruz, no pasa desapercibido el crecimiento desproporcional en anteriores ejercicios fiscales, toda vez que, en el 2013, la plantilla de personal de base era de 8 mil 187 trabajadores, y para el 31 de noviembre del año 2022, la plantilla de personal de base era de 12 mil 244 que representa un crecimiento del 47.80%, en menos de diez años, lo que desde luego coloca en una crisis a las finanzas públicas del Estado.
El consejero Jurídico Geovany Vásquez Sagrero, reiteró que se ha hecho un análisis por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública en el cual, se detectaron diversas irregularidades como el incumplimiento de la temporalidad; es decir había trabajadores a los cuales al siguiente día de su inscripción ya contaban con una base.
“Existen otras plazas que en su expediente únicamente tienen su identificación oficial, INE, pero son muchas causales”, refirió Vásquez Sagrero.
Puntualizó que la mayoría de los plazas fueron otorgadas en el sexenio de Murat Hinojosa.
Fueron 1 mil 344 plazas laborales que fueron sometidas a dicho procedimiento y que se está en análisis, para poder iniciar las acciones jurídicas correspondientes y las cuales configurarían el delito de tráfico de plazas.
Vásquez Sagrero, afirmó que se revisa uno a uno los expedientes, de los cuales se han iniciado las carpetas de investigación.
“Son mil 344 bases que fueron suprimidas, con la independencia de esta suspensión que es facultad del Congreso del Estado. Tenemos identificado número por número de plaza y empleado cuál es la irregularidad que se ubica en eso, porque eso fue trabajo del Secretaría de Honestidad, esto no es producto, nada más que de la noche a la mañana se haya realizado, y desde luego que también se tiene ubicado, quienes han firmado esos nombramientos y esas bases”, dijo el consejero Jurídico.
Afirmó que se realizó el proceso como establece la Ley del Servicio Civil, por lo que se encuentran preparados para cualquier acción jurídica de los trabajadores además de que será complicado que se escuden bajo el tema de despido injustificado.
