Redacción El Piñero | Corresponsalía
En Eloxochitlán de Flores Magón, la comunidad enfrenta un recrudecimiento de la violencia de Estado en Oaxaca, con 200 órdenes de aprehensión contra defensores del territorio que se oponen a la explotación de recursos naturales. La situación evidencia un patrón de criminalización y represión contra quienes luchan por la defensa de sus derechos, reforzando la percepción de que los tribunales en Oaxaca contribuyen a garantizar impunidad en crímenes de Estado.
Ejemplo de la justicia que se ve cuestionada fue el caso de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que permitió la libertad de Lizbeth Victoria Huerta, expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, acusada de ser la autora intelectual de la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz, defensora de derechos humanos. Como se sabe, Claudia fue violentamente privada de la libertad tras participar en una protesta el 26 de marzo de 2021, donde exigía la liberación de un detenido arbitrario.
A pesar de las pruebas en su contra y la detención inicial de Huerta por obstrucción de justicia, una reducción de pena en diciembre de 2024 llevó a su liberación, lo que ha suscitado críticas por su presunta protección política. Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos, denunció la impunidad otorgada a Huerta a través de vínculos políticos.
Como se sabe, el Gobernador Salomón Jara Cruz tiene entre sus amistades a Lizbeth Victoria, mientras que entre las personas integrantes del Tribunal que modificó la sentencia contra la alcaldesa, se encontraba Margarita Leonor Gopar Pérez, colaboradora de la consejería jurídica del gobernador. Así lo recuerda el Sociólogo Raúl Romero, en su artículo “Oaxaca: tribunales para la impunidad y la persecución”, publicado en La Jornada en su número del 23 de junio de 2025.
