Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- No sólo César Yáñez, vocero de la campaña y mano derecha del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador celebró su boda de miles de pesos la cual desató la polémica en redes sociales por no reflejar el plan de austeridad del próximo gobierno, también en Oaxaca se cuecen habas.
Este sábado, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo), Arturo Peimbert Calvo, se casó en un rancho cercano a la zona arqueológica de Yagul, que se ubica en el municipio de Tlacolula de Matamoros y que fue decretado área natural protegida, con carácter de Monumento Natural el 24 de mayo de 1999.
Luego de seis años, con una boda llena de lujos digna de un defensor del pueblo, el ombudsman de Oaxaca contrajo segundas nupcias, luego de disolver su relación matrimonial con la flamante secretaría particular del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Al evento asistieron más de 500 invitados especiales, el cual estuvo amenizado por los famosos Tucanes de Tijuana, la Banda Santa Cecilia, el cantante chiapaneco Reyli Barba, entre otros artistas de renombre, con música y chef del estado de Guadalajara y mobiliario de Carmelita, hasta ponies para paseos, en fin, una boda suntuosa, casi faraónica.
Las fotos del evento, filtradas a través de las redes sociales no tardaron en desatar las críticas de los usuarios que dieron a conocer su indignación, debido a que una boda como ésta es un insulto a la ciudadanía del segundo estado más pobre del país.
Se dijo que los funcionarios evidencian una falta de sensibilidad al realizar eventos privados en un estado donde miles de personas han resultado damnificadas por los recientes sismos y actualmente con los desastres y afectaciones que ha dejado el temporal de lluvias surge la gran necesidad de apoyo y solidaridad entre los oaxaqueños.
Además, Oaxaca se caracteriza por una pobreza histórica, el despojo de los territorios y herencia cultural de las comunidades indígenas a manos de empresas extranjeras, además de la ola de violencia que ha superado por mucho al actual gobierno estatal.
Tal como ocurrió el pasado 17 de marzo cuando se montó una gran escenografía nupcial que utilizó la fachada principal del exconvento dominico del siglo XVI de Cuilápam de Guerrero y otros anexos históricos, para realizar la onerosa boda de Enrique Stacpool, secretario privado del gobernador Alejandro Murat, y que ni la misma comunidad tiene acceso para realizar sus fiestas patronales.
Se supo que ahí utilizaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, así como a guardaespaldas privados para resguardar la seguridad de los asistentes, mientras en el estado las ejecuciones se mantienen a niveles alarmantes.
En cuanto a Arturo Peimbert, cabe señalar que su trabajo al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició con dos demandas sobre la presunta ilegalidad de su nombramiento, las cuales no prosperaron por estar congraciado con el exgobernador Gabino Cué, actualmente acusado ante el Congreso local de un desvío millonario en perjuicio de los oaxaqueños.
Luego de que Alejandro Murat resultara triunfador en el pasado proceso electoral para la gubernatura, se le vio muy solícito a fin de no ser removido por la administración entrante que ha respetado su cabeza.
Defensor gris
A casi dos años de gobierno, la Defensoría se ha caraterizado por no emitir ninguna declaración o señalamiento en contra de algún funcionario de la administración estatal, pero sí ha sido fuertemente criticada por integrantes de organizaciones sociales en Oaxaca por omisión e incapacidad ante los constantes abusos y violaciones a los derechos humanos.
En su momento, representantes de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca denunciaron que el actual periodo de la Defensoría de Oaxaca se ha convertido en el peor de todos, ya que el actual titular figura como un defensor gris al mantenerse ausente de sus obligaciones.
Dijeron que al actual gobierno le sienta bien la indiferencia de Arturo Peimbert pues maneja las cosas a modo y no hay señalamientos fuertes sobre el estado que guardan los derechos humanos en la entidad, ya que cuando la ciudadanía acude a buscar respaldo del ombudsman nuncha hay respuestas concretas y son cientos de denuncias las que se mantienen en el archivo.
Resaltaron que pese a los 223 casos de feminicidios que la organización tiene registrados en lo que va de la administración de Alejandro Murat, en la mayoría de éstos el defensor ni siquiera está enterado, de igual manera en los casos de desaparición forzada en los que ha mantenido silencio ante la negligencia de la Fiscalía General del Estado.
