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Inédito balance en Oaxaca: sólo nueve comisionados municipales tras elecciones en sistemas normativos indígenas

Staff El Piñero

Jaime GUERRERO

Al concluir el proceso de elección de autoridades municipales en comunidades regidas por Sistemas Normativos Indígenas, Oaxaca registró un balance inédito: el año cerró con un solo comisionado municipal en funciones y la eventual designación de ocho más, una cifra significativamente menor a la de procesos anteriores.

La confirmación fue hecha por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, quien explicó que en ciclos pasados el número de comisionados se incrementaba de manera acumulativa.

Detalló que anteriormente se sumaban los comisionados que permanecían en funciones —entre 15 y 20— a los de nueva designación, lo que generaba cifras de 25, 28, 30 o hasta 45 comisionados. “Hoy cerramos con uno y el IEEPCO notifica ocho más, lo que hace nueve”, indicó.

El funcionario señaló que los comisionados que designe el Poder Ejecutivo serán preferentemente originarios de las propias comunidades, con el propósito de preservar la gobernabilidad y avanzar hacia la normalidad democrática en los municipios.

Este escenario deriva de resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que no validó diversos resultados electorales o dio cuenta de municipios donde no se realizaron elecciones.

En estos casos, las asambleas comunitarias no cumplieron con los criterios establecidos en la ley electoral, por lo que el órgano consideró inviable avalar los comicios.

Entre los municipios donde el IEEPCO no validó los triunfos se encuentran San Juan Lalana, donde no fue reconocida la elección de Francisco Pastor; Santa Cruz Mixtepec, con la invalidación del resultado a favor de Micaelina Gómez Sánchez; San Cristóbal Amatlán, donde no se reconoció el triunfo de Lucía Hernández Santos; San Nicolás, cuya elección de José Manuel Ventura Soriano fue rechazada, y Santa Catarina Mechoacán, donde tampoco se validó el resultado de René Cruz de los Olmos.

En estos casos, las resoluciones del IEEPCO fueron impugnadas por los virtuales presidentes municipales, quienes sostienen que sus triunfos se obtuvieron conforme a los usos y costumbres de sus comunidades.

Mientras los tribunales electorales resuelven de manera definitiva, la Secretaría de Gobierno informó que se designarán comisionados municipales para garantizar la gobernabilidad. De confirmarse judicialmente los resultados, los ganadores podrían asumir como autoridades constitucionales.

A esta lista se suman los municipios de San José Ayuquila y Santa María Quiegolani, donde no se llevaron a cabo elecciones, así como Mazatlán Villa de Flores, municipio que también quedó sin proceso electivo.

El pasado 31 de diciembre de 2025, durante la Segunda Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del IEEPCO cerró la calificación de los comicios de concejalías correspondientes al ciclo electoral 2025.

La consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González, informó que la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas (DESNI) tenía programados 413 procesos electivos, uno por cada municipio regido por este sistema, aunque cinco comunidades no realizaron nombramiento de autoridades este año conforme a sus propias normas internas.

En el balance final, el IEEPCO aprobó 417 acuerdos: 390 procesos electorales ordinarios, 22 extraordinarios y cinco comunitarios. De los ordinarios, 356 asambleas fueron declaradas válidas, ocho parcialmente válidas y 26 no válidas.

Ante este panorama, Sánchez González indicó que corresponderá al Poder Ejecutivo estatal realizar el nombramiento de administradores o comisionados municipales.

En el caso de Mazatlán Villa de Flores, precisó que por resolución del tribunal electoral los comicios se celebrarán el 17 de enero de 2026, por lo que actualmente el municipio permanece sin autoridades electas.

Romero López, afirmó que el Gobierno del Estado y las instancias electorales buscan asegurar la estabilidad política y administrativa en los municipios indígenas, mientras los conflictos postelectorales se resuelven por la vía legal.

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