José Murat
A más de tres décadas del fin de la guerra fría, el cese de la división del mundo en dos bloques de poder político y militar, es totalmente injustificado e histórico mantener el embargo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a Cuba, un país en proceso de cambio y hoy con la más amplia solidaridad internacional y del subcontinente latinoamericano.
Sobre todo, con una nueva administración estadounidense, identificada con la defensa de los derechos humanos y del que se esperaba un cambio radical en el statu quo de la relación bilateral, luego de un gobierno abiertamente hostil al cubano.
Cayó el Muro de Berlín en 1989, se diluyó paulatinamente la comunidad de países en torno al poder soviético y terminó la carrera armamentista entre quienes se disputaban la hegemonía mundial, lo que disipó cualquier amenaza de origen ideológico en contra del bloque occidental, y especialmente para quien icónicamente más lo representa, pero no ha concluido el bloqueo a un país que hoy no constituye ningún riesgo a la seguridad nacional de nadie.
Es una medida decretada en 1960 en condiciones muy diferentes, como una respuesta a las expropiaciones de las compañías y propiedades estadunidenses y sobre todo a partir del alineamiento del nuevo gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro con el grupo de países socialistas liderados por la Unión Soviética.
Se trata del embargo más prolongado en la historia moderna –más de seis décadas–, a pesar de las crecientes presiones internacionales, enarbolando los principios de igualdad soberana de los estados nacionales, no intervención y libertad de comercio; a pesar también de las enormes pérdidas económicas que para ambos países el bloqueo económico ha significado.
Se trata de un embargo total, pues en 1962 las medidas restrictivas se endurecieron e incluyeron a los alimentos y las medicinas, cuando antes de la Revolución Cubana las tres cuartas partes de las exportaciones tenían como destino Estados Unidos y 70 por ciento de las importaciones provenían de ese país. De ese tamaño era, y ha sido el golpe a la economía de la isla con medidas cada vez más extremas, además.
En efecto, en 1996 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Helms-Burton mediante la cual se eliminó, bajo amenaza de sanciones draconianas a los infractores, ciudadanos de ese país, la posibilidad de hacer negocios dentro del territorio cubano o con el gobierno de ese país.
En 1999, incluso el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial al prohibir a las filiales extranjeras de compañías estadunidenses comerciar con Cuba valores superiores a 700 millones de dólares anuales, lo que se conoció como la primera ley trasnacional de la historia.
Ese estado de cosas es insostenible en nuestro tiempo, y por eso, este 23 de junio prácticamente todos los países agrupados en la ONU votaron en contra del embargo comercial, económico y financiero hacia Cuba, medida violatoria de los derechos humanos, a la luz de las difíciles condiciones sanitarias y económicas generadas por la pandemia que aún padece el mundo, y sobre todo América Latina.
En el seno de la Asamblea General del máximo organismo mundial custodio de la paz y la fraternidad de los pueblos, 184 países, incluido México, votaron de manera abrumadora en contra del bloqueo, el fin de esas medidas coercitivas y unilaterales y la normalización de relaciones comerciales. Sólo dos votos se emitieron en sentido contrario de esa resolución, Estados Unidos e Israel, y hubo tres abstenciones, de Ucrania, Brasil y Colombia.
Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, declaró ante el pleno de la Asamblea General que el bloqueo es una guerra económica de alcance extraterritorial contra un pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocados por la pandemia, que nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo… en la actual contingencia sanitaria, el bloqueo asfixia y mata, como el virus.
Precisó que de abril de 2019 a diciembre de 2020 el bloqueo produjo daños por 9 mil 157 millones de dólares a precios corrientes y que en el último lustro las pérdidas superaron 17 mil millones de dólares. Los daños acumulados en las más de seis décadas desde que se decretó el embargo, ascienden en su balance a casi 150 mil millones de dólares.
Para el consenso mundial, fuera de connotaciones ideológicas y de balance económico global, un embargo mantenido ya iniciada la tercera década del siglo XXI es una política históricamente injustificable, sobre todo por sus consecuencias letales sobre el pueblo cubano en un estado de emergencia de salud mundial, medida, además, unilateral y extraterritorial con implicaciones negativas e inadmisibles tanto para la soberanía de terceros países, como para los acuerdos de cooperación y de comercio internacional.
En suma, es imperativo que, por razones humanitarias y no por cálculos extemporáneos de geopolítica mundial, se normalicen las relaciones de Cuba con toda la comunidad internacional. ¡Fin al embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos a este país hermano!
