Redacción El Piñero/Corresponsalía
Oaxaca.- La Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, ordenó crear una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, líderes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes presuntamente fueron desaparecidos por el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, el ex secretario general de gobierno Jorge Franco Vargas alias “El Chuky” y el entonces comandante de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial (PABIC) Alejandro Barrita.
En una decisión histórica, la Juez ratificó la sentencia dictada el 19 de junio de 2014, donde se obliga al gobierno de Oaxaca, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal y otras instancias gubernamentales, a explicar su actuación en la desaparición forzada de los dos luchadores sociales, la cual sucedió el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, en el marco de la represión que sufrieron organizaciones sociales por el gobierno de Ulises Ruiz.
La institución encargada de crear la Comisión Especial de Búsqueda es la Fiscalía General de la República (FGR), donde se le dan facultades para ordenar la apertura de cuarteles militares y que comparezcan a declarar todos los servidores públicos que hayan estado presuntamente involucrados en el caso, como son Ulises Ruiz y Jorge Franco, ya que Alejandro Barrita fue asesinado.
En el resolutivo se puede leer la siguiente determinación: “El Secretario de la Defensa Nacional, por conducto de todos los integrantes del Ejército mexicano, deberá prestar las facilidades necesarias al fiscal federal encargado de la integración de la investigación de origen, así como a cualquier autoridad que tenga la encomienda de dar con el paradero de los directos quejosos a fin de que se investigue su desaparición forzada; por ejemplo, permitir la entrada a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad, para buscar a (Cruz y Reyes), o bien, sus restos mortales”.
Las autoridades mencionadas en el fallo se han resistido a cumplirlo durante casi cinco años, con el pretexto de que no se trataba de una sentencia definitiva, sin embargo, ahora si están obligadas a acatar la disposición, en el ámbito estatal las instituciones involucradas son la Octava Región Militar de Ixcotel, la Dirección General de Seguridad Pública, la entonces Policía Ministerial y de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca.
Cabe mencionar que en días pasado el ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo Peimbert, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por delitos de lesa humanidad en contra del ex gobernador Ulises Ruiz y los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, hechos suscitados en los años 2006 y 2007.
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