Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- En conferencia de prensa integrantes del denominado bloque de organizaciones anticapitalistas acusaron el incumplimiento del gobierno del estado para dar solución a una serie de demandas de justicia, libertad y de derechos humanos con diversas comunidades de las ocho regiones de Oaxaca, como medida de protesta instalaron un plantón de manera indefinida en el zócalo de Oaxaca de Juárez hasta que sus peticiones sean resueltas.
Asimismo señalaron que se movilizarán de manera pacífica pero contundente para exigir la liberación de sus presos políticos y las condiciones necesarias para el regreso de sus compañeros exiliados, esto a unos días de que inicien las fiestas de la Guelaguetza.
A través de un comunicado que firmaron las organizaciones que integran este bloque, señalaron que “no puede haber fiesta de la Guelaguetza cuando existen injusticias en Oaxaca, loss indios tercos y rebeldes, las mujeres, los hombres, los niños y ancianos de diferentes comunidades vamos a salir para Oaxaca capital en estos días de la fiesta de los ricos, vamos a venir a decirle al gobernador que ha mentido y sigue mintiendo a cumplirse casi 2 años de que asumió el cargo.
El representante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón (CIPO), Miguel Cruz Moreno afirmó que desde el inicio de la actual administración, el conjunto de organizaciones entregó un pliego petitorio ante la Secretaría General de Gobierno (Segego) donde externaron el nulo avance en los procesos judiciales que se llevan en contra de diversos integrantes y la constante violación a sus derechos humanos.
Aseguró que los funcionarios de la Segego se comprometieron a brindarles atención oportuna y darle celeridad a los trámites para que quienes estuvieran procesados pudieran tener acceso a una justicia pronta y expedita, ya que en la mayoría de los casos, son expedientes que se quedaron rezagados desde la administración del exgobernador Gabino Cué Monteagudo.
Explicaron que uno de los casos que se encuentra rezagado es del defensor de derechos humanos, investigador y catedrático, Librado Jacinto Baños Rodríguez, quien se encuentra privado de su libertad desde 2013 por un proceso penal en su contra por la posible comisión del delito de secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y otros delitos del orden federal.
Dijeron que este fue detenido la madrugada del 25 de agosto de 2013 en una operación que implicó la participación de unos 300 elementos policiacos y militares, quienes con lujo de violencia ingresaron a su domicilio y sin presentar orden de aprehensión o de cateo realizaron su detención de manera arbitraria.
Aseguraron que su labor por la defensa del territorio y los derechos humanos trastocó intereses empresariales y políticos de grupos de poder que por años han conformado una red de complicidad con autoridades federales y estatales, por lo que Librado Baños fue acusado injustamente de diversos delitos del orden federal.
Otro caso es el de Pablo López Alavéz indígena zapoteco de la comunidad de San Isidro Aloapam, del distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, quien desde el 15 de agosto del 2010 fue privado de su libertad acusado del delito de homicidio calificado en el expediente penal 102/2007 del distrito de Etla sin que hasta el momento se haya dictado sentencia en el proceso penal en su contra.
Al igual que Librado Baños, Pablo López Alavéz fue acusado y detenido arbitrariamente, tal como lo determinó el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su septuagésimo octavo periodo de sesiones del 19 al 29 de abril de 2017, donde emitió la opinión número 23/2017, relativo al caso del activista indígena.
En esa feha el grupo dijo que la privación de la libertad de Pablo López Alavés fue arbitraria, contraviniendo los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 14,19,21,22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se inscribe en las categorías I,II, III, y V.
Además, el grupo de trabajo consideró que teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner en inmediatamente en libertad a Pablo López Alavés y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.
“Aquí sólo hemos visto un proceso amañado y lleno de trabas que han prolongado la estadía de nuestros compañeros por más de 6 y 8 años han estado encarcelados injustamente, violando sus derechos humanos”, enfatizaron.
Acusaron que tanto las instituciones de gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y los jueces son cómplices de los abusos en contra de los defensores de los derechos humanos y del territorio, pues retrasan con dolo la administración de justicia y evaden las constantes recomendaciones y medidas cautelares que emite la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo).
Otro caso que expusieron fue el de Raúl Gatica Bautista fundador del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO) a quien el gobierno de Canadá concedió una petición de ser aceptado como refugiado político.
En el 2004, durante el sexenio de José Murat, Gatica Bautista encabezó diversas movilizaciones de protesta siendo sujeto a actos de hostigamiento e intimidación, razón por la cual en septiembre de ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a los gobiernos estatal y federal para proteger su integridad física y seguridad jurídica, así como la de otros de Gatica Bautista, y para otros dirigentes de la organización, por los actos de intimidación y hostigamiento en su contra.
Al no cambiar su situación, el ex dirigente indígena aceptó viajar a Canadá en donde conforme a la División de Protección al Refugiado, se encuentra como un refugiado de convención y condenado a vivir en el exilio durante 13 años.
“Ni el gobierno de Gabino ni de Alejandro Murat quieren asumir su responsabilidad para garantizar el regreso del exiliado, se niegan a brindar garantías para que regrese el indígena mixteco”, señalaron.
Asimismo también señalaron que tienen demandas sociales que no han sido atendidas, por ello instalaron un plantón para exigir el cumplimiento o de lo contrario analizarán un posible boicot a la realización de la Guelaguetza este próximo 23 de julio.
Estuvieron presentes integrantes del Consejo Indígena-Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), de la Unión de Pueblos Originarios (UPO), el Frente de Izquierdas Revolucionarias (FIR) y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños (Uacol).
